Funcionarios de la Alcaldía de Cali habrían cobrado dinero a contratistas para conservar sus puestos
Según algunas denuncias, servidores públicos estarían siendo víctimas de una exigencia de dinero de hasta el 40 % de su salario mensual como condición para mantener sus cargos.
Noticias RCN
10:04 a. m.
La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar contra funcionarios aún por identificar del distrito especial de Santiago de Cali, tras conocerse varias denuncias sobre presuntas exigencias económicas indebidas a contratistas vinculados con la administración local.
Procuraduría investiga a funcionarios del distrito especial de Cali
De acuerdo con lo revelado por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cali, la investigación surge a partir de información divulgada por medios de comunicación, en la que servidores públicos señalaron que se les estaría exigiendo hasta el 40% de su salario mensual como condición para mantener sus cargos.
Estas presuntas exigencias se harían a través de coordinadores de grupo y mediante transferencias digitales canalizadas mediante plataformas como Nequi.
La entidad de control también indagará la posible existencia de una red de corrupción más amplia dentro del distrito, en la que se mezclarían intereses políticos y operadores internos de la administración.
Según los reportes, quienes no acceden a realizar estos pagos estarían siendo amenazados. Al parecer, les informan que serán incluidos en una supuesta “lista roja”, lo que pondría en riesgo la continuidad de su contratación o represalias dentro de sus funciones.
Denuncian presuntos cobros a contratistas en la Alcaldía de Cali
Ante la gravedad de las denuncias, la Procuraduría decretó la práctica de pruebas con el objetivo de establecer si realmente se cometieron las conductas irregulares y si los implicados actuaron con algún tipo de justificación legal que excluya su responsabilidad.
La apertura de esta investigación disciplinaria busca esclarecer si hubo abuso de poder, coacción económica o desvío de fondos dentro de la administración distrital, afectando directamente a quienes prestan sus servicios bajo contratos temporales.