Funcionarios del Inpec solicitan medidas de seguridad ante posibles represalias por la ola de traslados carcelarios

En una de sus primeras decisiones, tras tomar posesión como presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella ordenó el traslado de 117 reclusos de la cárcel La Paz de Itagüí.

Según expertos, es un mensaje directo a las personas que siguen delinquiendo desde las cárceles y De la Espriella, que ha seguido de cerca el operativo, insistió en que los traslados continuarán en las próximas horas:

“Desde muy temprano, estoy coordinando personalmente el traslado de cerca de 117 reclusos de la cárcel de Itagüí que seguían delinquiendo a sus anchas desde ese centro penitenciario que, más bien, es una discoteca, un centro de eventos. Eso en la era de El Tigre se acabó”.

El sábado se concretó el traslado de al menos 43 reclusos:

De acuerdo con el jefe de Estado, a corte del sábado 8 de agosto, se habrían concretado al menos 43 traslados de privados de la libertad. En la lista aparecen nombres de personas que habrían participado del polémico “tarimazo” de Gustavo Petro, jefes de la ‘Oficina’ de Envigado y otros grupos delincuenciales. Además, se sabe que fueron trasladadas personas que recibieron beneficios bajo el amparo de la política de Paz Total.

Entre los prisioneros reubicados se encuentran también Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, y Margareth Chacón, condenada por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que estaba recluida en la estación de carabineros, con todo y que es un establecimiento exclusivo para funcionarios.

Funcionarios del Inpec piden al nuevo Gobierno que refuerce las medidas de seguridad fuera de las cárceles:

Frente a la decisión de De la Espriella, sindicatos del Inpec y trabajadores del cuerpo de custodia hicieron un llamado a adoptar medidas adicionales, como reforzar la seguridad en las cárceles, por posibles retaliaciones en su contra.

Hernando Mantilla, veedor de derechos carcelarios de Santander, indicó que, “inmediatamente”, tras la llegada de varios de estos criminales a Girón, “hubo una reacción por parte de los sindicatos de la Cárcel de Palogordo, exigiendo que no se realizaran los traslados por la situación de inseguridad que se registra y por la falta de garantías de los funcionarios de esta cárcel”.

Precisamente, en los últimos días, un funcionario del Inpec fue asesinado en Santander y otro fue atacado en Bogotá, en donde llegó un panfleto con amenazas contra los trabajadores de la cárcel La Picota.

Según Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, “son las represalias de cumplir bien nuestra labor dentro de las cárceles. Es evidente que estas personas no pierden su poder delincuencial dentro de las cárceles, ni siquiera cumpliendo una medida privativa de la libertad”.