Gobierno planea trasladar a más de 3 millones de usuarios a la Nueva EPS pese a crisis operativa

El Gobierno Nacional enfrenta un creciente cuestionamiento por su decisión de trasladar millones de usuarios hacia la Nueva EPS, una entidad que actualmente se encuentra intervenida y con graves problemas operativos. La medida afectaría a más de 6 millones de colombianos, incluyendo a toda la población privada de la libertad.

Incertidumbre ante el borrador de decreto

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, manifestó su preocupación al señalar que esta decisión no contribuye a fortalecer o a salir de la crisis a la nueva EPS, sino todo lo contrario. Su posición se suma a las alertas de la Defensora del Pueblo, Iris Marín, y del presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, quienes cuestionan la capacidad de la entidad para asumir esta responsabilidad.

“Esto no contribuye para nada en resolver la crisis estructural y ya bastante antigua que acusa a esta entidad que es las que más afiliados tiene en Colombia y cuyo mal funcionamiento afecta la generalidad del sistema de salud como lo tenemos vigente hoy día. Sin haber acabado con la eps, pero sí están en una situación bastante precaria desde el punto de vista financiero y fiscal”, manifestó el procurador general de la Nación.

La Defensoría del Pueblo dio a conocer cuáles podrían ser los impactos potencial que dicha transición puede tener sobre los privados de la libertad a raíz de los profundos problemas logísticos y financieros de la Nueva EPS.

“La situación genera incertidumbre sobre su capacidad real para asumir la atención de más de 100.000 personas privadas de la libertad, una población que depende integralmente de la protección y cuidado del Estado para el ejercicio de sus derechos”, alertó la Defensoría del Pueblo.

Deudas de la Nueva EPS

La situación de esta eps evidencia cifras preocupantes. Según un reciente comunicado de AFIDRO, la deuda de la entidad aumentó un 198% desde diciembre de 2022, pasando de 5.42 billones a 21 billones de pesos. La asociación, que agrupa a laboratorios farmacéuticos, dio a conocer embargos por más de 2 billones de pesos por 95 instituciones y más de 13 billones en facturas no reconocidas.

El traslado de los aproximadamente 113.000 privados de la libertad genera especial inquietud. Para Pablo Bustos, “esa transición no cuenta con las garantías tanto contractuales y técnicas, pero sobre todo sanitarias, para darle la continuidad a la prestación de salud a los privados de la libertad". Las condiciones de hacinamiento carcelario agravan la situación, según los expertos.

Iris Marín reveló en diálogo con Noticias RCN que tras un seguimiento a la intervención, se descubrió que miles de fallos de tutela están en correos electrónicos sin que tan siquiera hayan sido abiertos. Las cifras indican que 123.000 tutelas nunca fueron revisadas ni cumplidas.

¿Cómo se generaría el traslado masivo?

Un borrador de decreto del Ministerio de Salud propone además modificar la operación del aseguramiento, limitando el número de EPS por municipio según criterios poblacionales. Según este documento, se generaría el traslado de 3.198.875 usuarios a la Nueva EPS, 289.262 a Savia Salud y 533.429 a S.O.S, entre otros.

La Mesa de Asociaciones de Usuarios advierte que esta medida agravaría la crisis actual del sistema, vulnerando el derecho a la libre escogencia de EPS e interrumpiendo tratamientos de pacientes con patologías críticas como enfermedades crónicas, oncológicas o raras.

Las quejas contra la Nueva EPS aumentaron 107% en 2025. El Procurador General anunció que esperará a que el Gobierno demuestre cuáles son los estudios que sustentan esta decisión para saber cuál es el impacto real de este traslado sobre los privados de la libertad.