Gobierno lanzaría línea nacional anticorrupción en enero de 2025

Andrés Idárraga, secretario de transparencia de la Presidencia de la República, estuvo participando en la rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Allí habló de lo que se ha hecho desde su dependencia en materia de corrupción y los proyectos que tiene el gobierno en esta materia.

Gobierno lanzará línea de atención nacional para denuncias anticorrupción

Idárraga comenzó su intervención asegurando que reconocía que el gobierno “no ha sido perfecto” esto, refiriéndose a los escándalos de corrupción que han salpicado a altos funcionarios del gobierno nacional.

Sin embargo, señaló que desde la Secretaría de Transparencia entrega, en este 2024, actualizada la política pública en materia de anticorrupción; el decreto de estrategia nacional contra la lucha anticorrupción está a dos firmas de ser decretado, están listos los lineamientos para los programas de ética y transparencia empresarial y para el sector público.

Además, señaló que el gobierno buscará, para enero, lanzar la primera línea nacional para la denuncia anticorrupción.

“Vamos a lanzar en enero, tenemos todo el personal de la Dijín articulado y formado, la primera línea nacional anticorrupción, la Línea 157. Va a ser una herramienta más para seguir fortaleciendo los canales de denuncia que tanto necesita la gente”, aseguró Idárraga.

La ley que el gobierno espera sacar en materia de protección al denunciante de hechos de corrupción

Asimismo, el secretario señaló que esperan que el Congreso de la República apruebe en el próximo en la última parte de la legislatura, se apruebe el proyecto de ley Jorge Enrique Pizano.

“No puede ser que quien denuncie, termine denunciado termine desplazado, o termine, en ocasiones, asesinado. Por eso radicamos el 4 de noviembre de 2023 el proyecto de ley Jorge Enrique Pizano para la protección a denunciantes de corrupción”, aseguró Idárraga.

La mencionada ley busca establecer normas, procedimientos y mecanismos para garantizar la protección de los derechos fundamentales, laborales, económicos y políticos de aquellas personas que denuncien hechos de corrupción.