Gobierno Petro también suspende su participación en el empalme y pide garantías de “respeto recíproco”

El ministro de Hacienda y coordinador del empalme del Gobierno saliente, Germán Ávila, anunció este martes la suspensión de las sesiones conjuntas con el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, tras considerar que se han vulnerado las condiciones mínimas de respeto institucional.

Ávila recordó que “desde un principio invité a un empalme tranquilo en el marco del respeto al presidente de la República y a su equipo de gobierno”. Subrayó que el proceso debe ser “un empalme institucional y punto”, rechazando cualquier intento de personalizarlo o desnaturalizarlo.

Ministro Ávila señala acusaciones y ofensas contra el Gobierno

El ministro señaló que recientes declaraciones de miembros del comité entrante “acaban con el respeto, la dignidad y la decencia en un proceso como el que adelantamos”. Según Ávila, se han proferido acusaciones que califican al presidente Gustavo Petro y a su equipo de “criminales”, además de insinuaciones sobre manipulación de la justicia y amenazas de extradición.

“No aceptamos una sola agresión más ni una amenaza más”, enfatizó, al advertir que la narrativa planteada por el comité de empalme entrante desvirtúa el propósito democrático de la transición.

Denuncia penal y llamado a garantías

En consecuencia, el comité nacional de empalme del Gobierno Petro decidió suspender su participación “hasta tanto existan garantías de respeto recíproco” y se restablezcan las condiciones para un proceso técnico y serio.

Ávila informó además que el Ejecutivo radicó una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio, integrante del equipo de empalme del presidente electo, por considerar que sus declaraciones anunciadas en una reciente entrevista afectan “la honra y el buen nombre del señor presidente de la República y de su equipo de gobierno”.

El ministro concluyó que la decisión busca “proteger las instituciones, proteger la dignidad del Estado y el verdadero sentido del empalme como un ejercicio de responsabilidad democrática”, reiterando el compromiso del Gobierno con la transparencia y el cumplimiento de sus deberes constitucionales.