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Gobierno prepara ajuste fiscal y cambios logísticos en su plan económico

La propuesta será discutida mañana en un Consejo de Ministros en Barranquilla, donde se definirán las cuentas oficiales.


Noticias RCN

ago 28 de 2026
09:15 p. m.


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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, radicó en las últimas horas un presupuesto que supera en 60 billones de pesos al presentado por el gobierno de Gustavo Petro. La propuesta será discutida mañana en un Consejo de Ministros en Barranquilla, donde se definirán las cuentas oficiales y se presentarán los decretos de emergencia económica.

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Según fuentes del Ejecutivo, el plan económico paralelo se sostiene en tres pilares: reducción del Estado con la eliminación de seis ministerios, un recorte fiscal de 70 billones de pesos y un decreto de aplazamiento del gasto público. Cada cartera deberá entregar un plan de austeridad y los borradores de medidas extraordinarias.

Voceros y estrategia de comunicación

El nuevo gobierno mantiene la figura de voceros oficiales, encabezados por Miller Soto y Carolina Gómez, quienes tendrán la tarea de entregar información a los periodistas al menos tres veces al día.

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Además, se organizarán coordinadores de prensa por áreas temáticas, agrupando ministerios como Justicia, Defensa e Interior, o Hacienda, Comercio y TIC.

Una novedad para los reporteros será la mayor disposición de los ministros a dar declaraciones y ruedas de prensa.

En cuanto a la agenda presidencial, se prevé que el mandatario permanezca dos días a la semana en Barranquilla y el resto en Bogotá o recorriendo las regiones. En la capital, la sede principal será la Casa de Nariño, dejando en segundo plano el Palacio de San Carlos.

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ICBF bajo la lupa

En paralelo, la directora Carolina Restrepo Cañavera ha encontrado serias irregularidades en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Con un presupuesto de 12 billones de pesos, la entidad estaría atada a contratos y compromisos burocráticos hasta el 31 de diciembre, según versiones de altas fuentes. Se denuncian pagos de favores políticos y prácticas clientelistas que comprometen recursos destinados a la atención de familias vulnerables y la infancia.

El panorama anticipa un ajuste institucional y fiscal profundo, mientras el gobierno busca redefinir la estructura del Estado y enfrentar las tensiones heredadas en entidades clave.

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