Gobierno rechaza vías de hecho en paro cívico en Chocó

El Gobierno nacional rechazó las "vías de hecho" en las protestas que realizan los habitantes del departamento del Chocó, que reclaman inversión en infraestructura, salud, educación y cultura.

El Gobierno "rechaza las vías de hecho en que están incurriendo algunas personas", dijo el ministro del Interior encargado Guillermo Rivera en rueda de prensa en Bogotá.

La protesta, que comenzó el martes pasado, fue convocada por el Comité Cívico Departamental por la Salvación y Dignidad del Chocó, mantiene paralizadas las actividades comerciales y educativas, así como el transporte en Quibdó, la capital departamental.

La organización civil le solicita al Gobierno una "revisión integral del modelo económico" que, considera, tiene convertido a ese departamento "en la sociedad más rezagada del país a pesar estar en el territorio más rico del universo".

Según el ministro Rivera, el Gobierno rechaza estos actos porque "se ha tenido disposición de diálogo desde el momento en que se inició el paro" y desde la semana pasada "un grupo de viceministros visitó Quibdó y se trabajó con los dirigentes del paro en las propuestas que permitirían resolver la situación del departamento".

Asimismo recordó que este jueves se firmó un acuerdo en salud por medio del cual se construirá y dotará un moderno hospital.

También se establecieron acuerdos dirigidos a sanear fiscalmente el sector salud del departamento, la construcción y dotación de un nueva unidad mental.

Según cifras del Gobierno en los últimos seis años se han invertido "siete billones de pesos en el Chocó, un 106 % más que la administración anterior".

Según Rivera, se realizaron obras de saneamiento básico a través del Plan Pazcífico: una nueva sede del SENA, la entrega de 1.900 viviendas gratis en zonas urbanas y 2.800 más en áreas rurales.

Igualmente se amplió la pista del aeropuerto El Caraño, de Quibdó, se construyó un muelle y también ampliaron y construyeron varios colegios.

Chocó, en la frontera con Panamá, es un departamento selvático asolado por la violencia de las guerrillas, las bandas criminales de origen paramilitar y organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Además, es una de las zonas más afectadas por la corrupción y la minería ilegal.