Gobierno y gobernadores se disputan la silla en junta de Ecopetrol
Los gobernadores de departamentos productores de petróleo impulsan el nombre de Maritza Martínez, excongresista del Meta y magistrada del CNE.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta dos tensiones simultáneas: una disputa por la composición de la junta directiva de Ecopetrol y un nuevo choque con el Centro Democrático en el Congreso.
Ambos escenarios reflejan los pulsos de poder que atraviesan la administración del presidente De la Espriella en medio de la transición política.
Gobernadores vs. Gobierno por Ecopetrol
Los gobernadores de departamentos productores de petróleo impulsan el nombre de Maritza Martínez, excongresista del Meta y actual magistrada del Consejo Nacional Electoral, para ocupar una silla en la junta directiva de Ecopetrol. Martínez ya presentó su carta de renuncia y se espera que sea aceptada en las próximas horas.
Su llegada significaría el reemplazo de Ricardo Rodríguez, cercano al gobierno de De la Espriella y encargado de coordinar la auditoría por presuntas irregularidades en la administración de Ricardo Roa.
El Ejecutivo busca mantener a Rodríguez, pero la presión de los mandatarios locales abre la posibilidad de que se conserve en la junta una ficha del gobierno Petro, como Izando Vélez o Alberto Merlano Alcocer. Otra alternativa sería que Rodríguez asuma en una de las sillas que corresponden directamente al Gobierno.
Objeción presidencial genera fricciones en el Congreso
En paralelo, el presidente objetó el proyecto del senador Hernán Cadavid (Centro Democrático), que establece un control adicional cuando se busque reducir requisitos en cargos públicos. La bancada uribista cuestionó la forma en que se presentó la objeción, sin diálogo previo, lo que interpretan como un mensaje hostil pese a declararse aliados del Gobierno.
El secretario jurídico defendió la decisión con un discurso social, argumentando que la iniciativa podría cerrar puertas a mujeres, jóvenes y emprendedores. Sin embargo, el proyecto no crea nuevos requisitos, sino que exige una consulta no vinculante al Consejo de Estado y a la Oficina de Función Pública antes de eliminar los existentes.
La molestia en el Centro Democrático deja ver que la relación con el Ejecutivo atraviesa un momento de tensión.