Guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador: los efectos económicos bilaterales
En la Mesa Ancha se analizaron los impactos de la disputa comercial, mientras que por otro lado el gobierno evalúa ampliar la emergencia económica.
La crisis arancelaria entre Colombia y Ecuador se ha intensificado con la suspensión de venta de energía eléctrica por parte del gobierno colombiano, una medida que afecta entre el 8% y el 10% de la demanda energética ecuatoriana, según análisis de expertos económicos.
Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, explicó que "no es una buena noticia para Ecuador, por supuesto, tampoco para Colombia, porque Colombia no tiene posibilidad de reexportar a ese otro mercado".
La medida surge como respuesta al anuncio ecuatoriano de imponer aranceles del 30% a productos colombianos, especialmente concentrados en la industria del Valle del Cauca.
¿Guerra de aranceles en Ecuador y Colombia influida por orillas políticas?
Julio César Iglesias señaló que "en las guerras comerciales usualmente pierden ambos", destacando que los consumidores ecuatorianos de azúcar, café y otros productos tendrán que pagar más por los mismos productos.
Esta situación, según los expertos, tiene un trasfondo político entre el gobierno de derecha ecuatoriano y el de izquierda de Colombia.
Por su parte, Mejía identificó motivaciones políticas detrás de las decisiones económicas:
Estamos hablando de un gobierno de derecha, el de Ecuador, con un gobierno de izquierda, el de Colombia, en donde no hay ningún tipo de alineación ideológica.
El presidente Gustavo Petro ha criticado públicamente la situación democrática en Ecuador y el encarcelamiento del exvicepresidente Jorge Glass por casos de corrupción relacionados con Odebrecht.
Gobierno Petro buscaría ampliar la emergencia económica
En otros temas, los analistas estudiaron la posibilidad de extender el decreto de emergencia económica.
El ministro de Hacienda Germán Ávila anunció en entrevista con el diario La República la prórroga de la emergencia económica, una decisión que se encuentra bajo revisión de la Corte Constitucional. El funcionario no descartó un posible default si la Corte tumba la declaratoria.
Mejía cuestionó la justificación constitucional:
No hay ninguna justificación para que el gobierno haya decretado una emergencia económica, que requiere la Constitución y la ley. Que haya un hecho sobreviniente, es decir, inesperado.
El gobierno podría estar considerando decretos con nuevos impuestos, incluyendo al patrimonio de personas jurídicas.
El exdirector de Fedesarrollo advirtió que "Colombia hoy en día tiene un problema grave de competitividad desde el punto de vista de tributación empresarial".
Los decretos de emergencia permitirían al gobierno crear impuestos sin aprobación del Congreso, después de que éste rechazara la ley de financiamiento propuesta.
Iglesia enfatizó en las implicaciones democráticas: "Más allá de todos los asuntos de conveniencia económicos, que son muy importantes, se va a jugar si en Colombia es legítimo que un presidente se invente, porque eso está a la luz del día, es evidente que no hay ninguna situación de emergencia".
Sobre el riesgo de default, Mejía explicó que:
Lo que plantea recaudar el gobierno con esta declaratoria de emergencia económica es alrededor de 11 billones de pesos, no es ni siquiera el 3% del total del presupuesto (…) debe simplemente recortar el presupuesto" como hizo en 2024.