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Holguín pidió a diplomático de EE.UU. no opinar sobre Petro

El nominado para ser embajador de EE.UU. en Colombia dijo que la destitución de Petro podría afectar el proceso de paz.


Noticias RCN

dic 12 de 2013
07:55 a. m.

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Tras las declaraciones de Kevin Whitaker, quien fue postulado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para ser el embajador de ese país en Colombia, la canciller María Ángela Holguín dijo que los embajadores “no opinan sobre asuntos internos”. 
Whitaker había manifestado que el proceso de paz con la guerrilla de las Farc que se adelanta en La Habana, Cuba, podría verse “erosionado” por la decisión de la Procuraduría General de destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. 
A esto, en declaraciones tomadas por W Radio, la canciller Holguín dijo que los embajadores no opinan sobre los asuntos internos de los países en los que se encuentran. 
“Es bueno que sepan que los embajadores en cualquier país no opinan sobre los asuntos internos y menos sobre decisiones de los órganos de control”,  señaló la funcionaria, quien afirmó que “los embajadores no se pueden entrometer en los asuntos internos de los estados”.
Además, Holguín dijo que se reunirá con la secretaria de Estado adjunta para América Latina, Roberta Jacobson,  para hablar de las declaraciones de Whitaker.
Pero la reacción del diplomático norteamericano es sólo una de los tantos ecos que ha generado la determinación del procurador general, Alejandro Ordóñez. 
Los ecos de la sanción del Procurador Ordóñez contra el alcalde Gustavo Petro
Expertos analizan las voces, nacionales e internacionales, que se han levantado tras la destitución del alcalde de Bogotá.
La destitución e inhabilidad por 15 años que declaró el procurador Alejandro Ordóñez para Gustavo Petro, alcalde mayor de Bogotá, desató una tormenta política que en apenas unas horas sobrepasó las fronteras nacionales y provocó reacciones de organismos como la ONU, pasando por varios alcaldes de Latinoamérica y hasta los diputados europeos, quienes se declararon preocupados por la estabilidad democrática y por las garantías políticas en Colombia.
La decisión de Ordóñez, además, produjo un choque de trenes cuando el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, se refirió a las actuaciones del jefe del Ministerio Público como "modelos medievales" y anunció que se revisará el proceso mediante el que Petro fue destituido e inhabilitado.
Incluso los jefes de la guerrilla de las Farc que están sentados en la mesa de negociación en La Habana, Cuba, se pronunciaron en contra del Procurador y lanzaron fuertes afirmaciones sobre el poder de Ordóñez, a quien calificaron como un agente desestabilizador para la democracia nacional, que pone en riesgo los diálogos y el futuro institucional de los partidos.
Kevin Whitaker, el hombre nominado por Barack Obama para ser el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia, afirmó que está convencido de que el ciclón político puede alterar la marea en Cuba y cambiar el rumbo que tome el camino de la paz.
Pero no solo hubo duros pronunciamientos y cartas desde varias esquinas del mundo. La sanción también desató una ola de indignación en redes sociales que pronto se volcó a las calles de la capital. Durante tres días seguidos, la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, ha sido el punto de encuentro de estudiantes, recicladores, sindicalistas, organizaciones barriales, defensores de derechos humanos, jubilados, activistas LGBTI, ambientalistas, vendedores ambulantes, carretilleros y figuras de la izquierda de todo el país.
Para el constitucionalista Juan Manuel Charry, esta oleada de reacciones en los ámbitos nacional e internacional significa un revés para la institucionalidad del país y ha sido una oportunidad estratégicamente aprovechada por Petro y por algunos representantes de la izquierda colombiana para sumar apoyos electorales y para desviar la atención de problemas administrativos de su Gobierno.
"La discusión no tiene nada qué ver con derechos humanos o políticos. Aquí hubo una sanción por parte de un ente responsable de ejercer control disciplinario. Las reacciones airadas de la gente fueron azuzadas por Petro desde la Plaza de Bolívar y eso se convirtió en una bola de nieve. Pero, ¿y los errores, la pérdida de dinero, los retrasos en la recolección de basuras, la improvisación no se debe castigar?", dice Charry.
Y añade que le parece innecesario que haya un pleito en el que terminaron involucrados el Fiscal General y el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, sobre las funciones constitucionales del Procurador, porque esto ha venido ocurriendo desde Edgardo Maya y durante todo el primer periodo del actual jefe del Ministerio Público.
"Cuando se destituyó e inhabilitó a Piedad Córdoba no se dio este debate. Tampoco con Bernardo Moreno o Mario Aranguren. Esto es un debate coyuntural y es alentado por la campaña electoral", añade el constitucionalista.
Charry dice que la intervención de la ONU y de los alcaldes de ciudades de Latinoamérica es un elemento que inclina la balanza en favor de Petro y de candidatos a cargos de elección popular como César Pachón y Aída Abello, quienes buscan llegar a la Presidencia en 2014.
Para Diego Arias, analista político, los ecos de la destitución, por el contrario, son necesarios para garantizar que no haya excesos en los organismos de control.
"La ONU cita al Procurador porque hay jurisprudencias internacionales que garantizan el libre derecho a hacer política. No se puede permitir que haya excesos en los órganos de control como ha ocurrido en Venezuela, por ejemplo, en donde la oposición es víctima del poder de turno".
Arias cree que es de vital importancia analizar los diálogos de paz a la luz de los eventos de la destitución de Petro.
"No digo que no haya que sancionar a los que caen en irregularidades, pero sí debe servir para delimitar los poderes, porque es evidente que la sanción a Petro pasa por lo político y fue exagerada. ¿Quién garantiza que si se firma la paz, no ocurra esto mismo con quienes se desmovilicen y quieran entrar a la contienda electoral?", se pregunta el analista.
Para el experto, este es el momento para delimitar las fronteras entre el control disciplinario y la política de represión a rivales políticos.
Finalmente, el exmagistrado de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria, dice que la indignación generalizada es cuenta de la fragilidad política del país y de las instituciones.
"Aquí queda revelada la fragilidad de los partidos, que permiten que haya elecciones amañadas, en beneficio de la mermelada y que se llegan a extremos de usar poderes para borrar del mapa a quienes no militan con sus ideales. El Procurador es un hombre que maneja con apasionamiento el Ministerio Público y que tiene aspiraciones políticas. Así que debe ser vigilado", concluye.
Así las cosas, el único que no ha hablado es el propio Ordóñez, quien este miércoles se limitó a decir en el Congreso: "en boca cerrada no entran moscos".
Adolfo Ochoa/NoticiasRCN.com
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