Imputan a la alcaldesa de Ibagué por presuntas irregularidades en contrato de alimentación animal

La Fiscalía General de la Nación imputó a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda y a otras cuatro personas por su presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas en un contrato para el suministro de alimentos destinados a los animales del centro de protección de la ciudad.

De acuerdo con la entidad investigadora, los hechos están relacionados con un contrato suscrito en junio de 2024. Además de la mandataria local, fueron imputados Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué; el exsecretario de Gobierno Edward Amaya Márquez; y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga.

¿Por qué fue imputada la alcaldesa de Ibagué?

Según la investigación, la alcaldesa habría delegado el ordenamiento del gasto en Edward Amaya Márquez y dado instrucciones para adjudicar el contrato a una empresa que prestaba servicios de aseo para la Alcaldía y para instituciones educativas de la ciudad.

La Fiscalía indicó que la empresa seleccionada no tenía relación con el objeto contractual ni experiencia en el suministro de alimentos para perros y gatos. La investigación también estableció que el contrato fue adjudicado sin garantizar la pluralidad de oferentes.

En ese contexto, presuntamente Johana Carolina Veloza Guio, Jessika Soto Salas y Edward Amaya Márquez celebraron el contrato pese a conocer las condiciones de la empresa adjudicataria. Asimismo, habrían elaborado estudios con precios ajenos al mercado y solicitado cotizaciones únicamente a dos contratistas, entre ellos el adjudicatario, cuyos representantes legales tenían vínculos de parentesco.

¿Qué delitos imputó la Fiscalía en este caso?

La Fiscalía señaló que Ernesto Alfonso Quiroga habría permitido el direccionamiento del contrato a su favor y obtenido 34.991.000 pesos por concepto de sobrecostos dentro de la ejecución contractual.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó a los procesados, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

La entidad precisó que los cinco imputados no aceptaron los cargos formulados durante la diligencia judicial.