Imputan al exgobernador de Chocó por contrato de 800 kits de ayuda humanitaria

La Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, por presuntas irregularidades en el contrato 01, firmado el 26 de marzo de 2020 por un valor de 445 millones de pesos.

El acuerdo tenía como objetivo la entrega de ochocientos kits de ayuda humanitaria para población víctima del conflicto armado, en el marco de la emergencia social y económica decretada por la pandemia de Covid-19.

“La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación puso en evidencia varias irregularidades en las que habría incurrido el exgobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, durante la celebración del contrato 01 del 26 de marzo de 2020, que ascendió a la suma de 445 millones de pesos y tenía por objeto la entrega de ochocientos kits de ayuda humanitaria para atender a población víctima del conflicto armado”, indicó la Fiscalía.

Según el ente acusador, el contrato fue suscrito en contravía de la normatividad vigente y adjudicado a una empresa vinculada a una persona que habría financiado la campaña política de Palacios Calderón. La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia formuló imputación por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cargo que no fue aceptado por el exmandatario.

“Por todo lo anterior, una Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exfuncionario el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El cargo no fue aceptado por el procesado”, señaló la Fiscalía.

Contratación directa bajo urgencia manifiesta

La investigación también abarca el contrato 003, firmado el 3 de abril de 2020 por 220 millones de pesos, para la compra de insumos de protección personal. Este fue autorizado tras la emisión del decreto 0081, con el que Palacios Calderón declaró la urgencia manifiesta en el departamento. Aunque este mecanismo permite la contratación directa en situaciones excepcionales, la Fiscalía identificó inconsistencias en la documentación, falta de justificación técnica y deficiencias en la selección del proveedor.

Además, el exgobernador no habría remitido a la Contraloría General de la República ni el decreto ni los documentos de respaldo, como exige la ley. Estos solo fueron entregados después de que la Fiscalía solicitó los soportes correspondientes.

Pliego de cargos por obras inconclusas

A estas investigaciones se suma un proceso disciplinario abierto por la Procuraduría General de la Nación en noviembre de 2024. El organismo formuló pliego de cargos contra el exgobernador por presuntas irregularidades que generaron retrasos e incumplimientos en obras de rehabilitación vial financiadas con recursos de regalías por más de 13 mil millones de pesos.

El caso sigue en etapa judicial, y será el tribunal competente el que determine si el exgobernador es culpable o inocente de los cargos que se le atribuyen.