Imputan al representante legal del consorcio que opera el relleno sanitario Doña Juana

La Fiscalía General de la Nación anunció este jueves que una fiscalía especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos, Eje Temático de Protección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, formuló cargos al representante legal del Consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. ESP, Mauricio Bernal Marcucci, por su presunta responsabilidad en los delitos de contaminación ambiental con circunstancias de agravación y daño a los recursos naturales.

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Según el ente de control, la investigación evidenciaría presuntas fallas por parte del consorcio en el manejo y disposición de los residuos en el relleno sanitario Doña Juana, entre ellas, disgregación, compactación y cubrimiento de residuos. 

Asimismo, se detectarían presuntas irregularidades en el manejo de lixiviados y estabilidad de taludes que aumentan la presencia de vectores y malos olores.

Las evidencias estarían sustentadas en visitas técnicas de la Fiscalía y de otras entidades, señala el ente investigador.

El pasado 15 de julio, la Dian emitió una resolución en la que ordena embargar al operador del relleno sanitario de Bogotá. El embargo incluye créditos u otros derechos semejantes por más de 15.000 millones de pesos.

“Ordenar el embargo de los créditos u otros derechos semejantes que existan o llegaren a existir, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa. Limitar la medida cautelar en la suma de $15.905.854.504 (…) por la cual se ordena el embargo de créditos u otros derechos semejantes”, indica la resolución.

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La directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Luz Amanda Camacho, explicó que estos recursos embargados no tiene que ver con las tarifas que la ciudadanía paga para el servicio de aseo, por lo tanto no afecta la operaciónde recolección en la ciudad.

Según la Superintendencia de Servicios Públicos, el relleno enfrenta investigaciones relacionadas con fallas en el servicio, disposición de residuos en zonas no autorizadas, y deficiencia en la formulación de planes de contingencia ante eventuales problemas como la que se vivió a finales de abril en el sur de Bogotá, y que generó traumatismos a cerca de siete localidades de la capital del país.