Informe de la oposición a la CIDH revela amenazas contra Paloma Valencia y riesgo electoral en Colombia
Según el documento, la seguridad de Valencia solo se reforzó después del atentado contra Miguel Uribe Turbay.
La oposición colombiana presentará este martes 21 de abril ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington un informe que advierte sobre graves riesgos de violencia política en el marco de las elecciones.
El documento, elaborado por el Centro Democrático, la organización Derechos y Justicia y la firma Víctor Mosquera Marín, reseña amenazas explícitas contra líderes opositores, entre ellos la candidata Paloma Valencia, y denuncia que en el 52% de los municipios del país existe riesgo de violencia electoral.
Amenazas contra Paloma Valencia
El informe dedica un capítulo a las intimidaciones sufridas por Valencia, quien desde marzo de 2025 recibió mensajes y chats con amenazas de muerte y advertencias de atentados. Entre los registros se incluyen frases como “Debes morir, vas a morir” y “Vamos a quemar ese Congreso”.
Tras el atentado contra Miguel Uribe en junio del año pasado, la candidata denunció ante la Fiscalía un plan criminal organizado por disidencias, con estructuras vinculadas a Caquetá y presuntamente relacionadas con Venezuela.
Según el documento, la seguridad de Valencia solo se reforzó después de ese ataque y aún hoy persisten vacíos en su esquema de protección.
Además de Valencia, otros 14 líderes de la oposición han solicitado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) el fortalecimiento de sus medidas de seguridad, pero varias de esas peticiones no han sido atendidas, según se consigna en el informe.
Riesgo de violencia y crisis política
El reporte advierte que el 54,9% de los votos del Pacto Histórico provienen de territorios con presencia de disidencias y del ELN, mientras que la oposición enfrenta restricciones para viajar y hacer campaña.
También denuncia beneficios jurídicos y excarcelaciones a jefes de bandas criminales que podrían presionar o coaccionar el voto. Una de las mayores alertas es la posibilidad de una crisis institucional si el gobierno no acepta los resultados electorales, bajo una narrativa previa de fraude.
El documento solicita a la CIDH un escrutinio profundo y la inclusión de estos riesgos en su informe anual, con el fin de garantizar garantías mínimas para la oposición y prevenir un escenario de violencia política en el país.