Impunidad y violencia institucional, los principales obstáculos para erradicar las violencias contra las mujeres

Este 25 de noviembre es el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, una fecha que se conmemora cada año desde 1999 en busca de visibilizar y concientizar sobre la importancia de tomar acciones efectivas para proteger y garantizar los derechos de mujeres y niñas.

Según Naciones Unidas, en 2023 fueron asesinadas 51.100 niñas y mujeres en todo el mundo. Esto quiere decir que, en promedio, una mujer murió por causa de la violencia machista cada 10 minutos.

Solo en Colombia, fueron registrados 525 feminicidios en lo corrido del año pasado; mientras que entre enero y octubre de 2024 se han contabilizado 745 casos, según datos del Observatorio Feminicidios Colombia.

Y lo que preocupa es que, a esta exacerbación acelerada de la violencia, se suman la impunidad y la falta rutas efectivas que protejan a las mujeres en riesgo de ser asesinadas.

¿Cómo va Colombia en la protección a las mujeres víctimas de violencia?

Noticias RCN pudo conocer el informe de seguimiento y análisis de la Ley 1257, elaborado por la Red Nacional de Mujeres y financiado por USAID, el cual será presentado públicamente el próximo 5 de diciembre. Allí, se evidencian los avances, obstáculos y desafíos en la implementación de esta norma.

Pero antes, ¿de qué trata la Ley 1257?

La Ley 1257 establece que el Estado colombiano debe abordar las violencias contra las mujeres de manera integral e intersectorial, es decir, que deben existir medidas de prevención, atención, protección, justicia y sanción que sean efectivas y coordinadas entre los diferentes sectores.

El objetivo de la ley es garantizar que mujeres y niñas puedan llevar una vida libre de violencias, aplicando las políticas públicas necesarias para tal fin. Además, reconoce que la violencia contra las mujeres comprende cualquier acción, omisión o amenaza que pueda causar la muerte, daño físico, psicológico, sexual, económico o patrimonial a una mujer por el simple hecho de serlo, en el ámbito público o privado.

Sin embargo, del papel a la práctica todavía hay un gran abismo. El informe de la RNM resalta que la impunidad, la violencia institucional y la ineficacia para acceder a la justicia, siguen siendo los principales obstáculos para la correcta implementación de la Ley.

Los obstáculos de las instituciones para proteger a las mujeres

Después de 15 años de la sanción de la Ley, la RNM asegura que “no hay una clara comprensión sobre las dimensiones de los daños derivados de las violencias contra las mujeres, no solo a nivel individual sino también a nivel comunitario, social, cultural y económico”.

El informe recalca que todavía hay numerosas trabas en el acceso a la justicia para las mujeres. Allí, se mencionan los riesgos que conlleva denunciar y no recibir protección, el desconocimiento institucional frente a las medidas de protección y atención, la inexistencia de un enfoque de género e interseccional, y los procesos judiciales que desconocen las necesidades de las mujeres víctimas de violencia y que las exponen a conciliaciones con el agresor, desconociendo su derecho a la no confrontación.

Además, incluye la falta de información consolidada que permita llevar una trazabilidad de los procesos, denuncias y protocolos para atender las Violencias Basadas en Género.

Estas malas prácticas se ven reflejadas en el aumento acelerado de casos violentos contra mujeres y niñas, ahondando en la necesidad de adoptar medidas generales que permitan reducir los factores de riesgo asociados a la discriminación social e institucional contra las mujeres.

Los logros en la implementación de la Ley 1257

Si bien los retos siguen siendo muchos y el camino es largo todavía para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, el informe de la Red Nacional de Mujeres destaca una serie de logros en la implementación de la Ley 1257.

Entre ellos se habla sobre la creación de un marco normativo para abordar las violencias contra las mujeres, mediante un referente jurídico con rutas y protocolos para la atención, prevención y protección de las víctimas.

Asimismo, la RNM resalta avances progresivos en el sector trabajo, en el que se han realizado acciones orientadas a proteger a las mujeres, especialmente desde 2022. A esto, se suma la creación de la política exterior feminista de la Cancillería, la puesta en marcha de la Iniciativa Violeta, la línea #155, la App Contigo de la Defensoría del Pueblo, las duplas de género y la publicación del Conpes 4080 que enmarca la política pública de equidad de género para las mujeres.

Lo cierto es que, a pesar de los esfuerzos y de que existe un marco que exige la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, el panorama sigue siendo opaco en un país en el que el 99% de los casos de acoso sexual quedan en la impunidad, en donde más del 60% de feminicidios son perpetrados por hombres cercanos a las víctimas, y en el que se estima que diariamente 110 mujeres sufren violencia intrafamiliar.