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Inmueble que perteneció a los Rodríguez Orejuela en Soacha ahora es de uso estatal

FOTO: SAE

El predio, recuperado en 2026 tras uso indebido, ahora funcionará como centro de atención ciudadana.


Noticias RCN

abr 13 de 2026
08:51 a. m.

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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregó en Soacha, Cundinamarca, un inmueble que perteneció a los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, antiguos líderes del Cartel de Cali.

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El bien, que fue incautado en 2004 y sometido a un proceso de extinción de dominio, pasa a ser la primera sede propia de la Personería municipal, destinada a la atención y defensa de los derechos ciudadanos.

El predio tiene un valor social superior a los 1.324 millones de pesos y fue recuperado por la SAE en febrero de 2026, luego de una diligencia de desalojo. Según la entidad, se evidenció que el arrendatario hacía un uso indebido del inmueble mediante subarriendo no autorizado, lo que generaba ingresos irregulares.

De bien incautado a infraestructura pública en Soacha

La propiedad fue incautada por la Fiscalía en 2004 en el marco de acciones contra bienes vinculados a economías ilegales. Tras completar el proceso de extinción de dominio, el inmueble quedó bajo administración de la SAE, entidad encargada de gestionar activos provenientes de actividades ilícitas en Colombia.

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La entrega formal se realizó el 6 de abril de 2026 en Soacha. De acuerdo con la información oficial, el inmueble no solo cambia de uso, sino que se integra a la infraestructura pública del municipio, con el objetivo de fortalecer la prestación de servicios institucionales.

Qué servicios ofrecerá la nueva sede de la Personería

Con esta nueva sede, la Personería de Soacha podrá centralizar su operación y ampliar la cobertura de atención. Entre los servicios previstos están la asesoría jurídica gratuita, atención a víctimas del conflicto, acompañamiento a mujeres víctimas de violencia y orientación en temas de salud, educación y servicios públicos.

Además, el espacio permitirá la articulación con otras dependencias como la Comisaría de Familia y la Inspección de Policía, lo que facilitará la atención integral de los ciudadanos en un mismo lugar. Este cambio también implica la reducción de gastos en arriendo, permitiendo redirigir recursos hacia el fortalecimiento institucional.

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