JEP imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 11 militares por 'falsos positivos'
Según la JEP, estos hechos no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, de incentivos y la presión de los comandantes.
Noticias RCN
10:56 a. m.
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 personas dentro del subcaso Norte de Santander, del caso de Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
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Entre los imputados se encuentran un brigadier general, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos, un cabo y un tercero civil.
“Por su participación determinante en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo (Norte de Santander), presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008, y así aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar, la Sala de Reconocimiento les imputó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato, y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil”, manifestó la JEP.
Estas personas fueron identificadas como máximos responsables en la modalidad de liderazgo tras haber impartido órdenes sin las cuales las conductas criminales, no hubieran tenido lugar “de forma sistemática y generalizada”.
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Ellos son: el brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15); el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 'General Francisco de Paula Santander' (BISAN) de Ocaña, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15 y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN.
También se imputó a los antiguos oficiales de inteligencia de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA): el capitán Daladier Rivera Jácome y al sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz; al sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN, al cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15 y al tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares.
“Los magistrados de la Sala de Reconocimiento concluyeron que los comparecientes actuaron siendo conscientes de que estos delitos se cometían como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, razón por la cual también existen bases para determinar que son responsables de crímenes de lesa humanidad”, puntualizó el organismo.