JEP ordena medida cautelar en Buenaventura por posible presencia de restos de desaparecidos
La decisión se tomó en respuesta a la petición radicada por organizaciones y líderes sociales sobre el Estero de San Antonio, desde octubre de 2020.
Noticias RCN
02:42 p. m.
Tras una audiencia celebrada en Cali durante dos días, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, decidió decretar medidas cautelares sobre el Estero de San Antonio, en Buenaventura, por la posible presencia de restos de personas desaparecidas con motivo del conflicto armado en la zona.
Las medidas fueron anunciadas en respuesta a la petición radicada por organizaciones y líderes sociales en octubre de 2020, quienes solicitaban la protección de esta área por ser un terreno de importancia para las víctimas.
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Según la Unidad de Búsqueda del Centro Nacional de Memoria Histórica, en Buenaventura cerca de 841 personas fueron desaparecidas en el marco del conflicto armado, de las cuales 779 sufrieron desaparición forzada, 40 fueron reclutadas, 3 secuestradas y otras 19 asesinadas con ocultamiento de cuerpos.
Esta decisión tomada por la JEP y basada en las peticiones de los demás actores sociales, tiene como finalidad dar “participación amplia y suficiente de todas aquellas personas directamente afectadas por el delito de desaparición forzada en la región, teniendo especial consideración con aquellas que presumen que los cuerpos de sus familiares pueden encontrarse en el Estero San Antonio”.
Durante este trabajo, la Jurisdicción también ha solicitado a diferentes entidades la información y medidas necesarias para proteger el Estero de San Antonio, con el fin de preservar los restos humanos que posiblemente se encuentren allí.
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A esta audiencia de decisión habían sido convocados Invías, el Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Buenaventura, la Unidad Nacional de Protección, Medicina Legal y el Consorcio San Antonio.
Finalmente, la decisión de la JEP es que este territorio debe ser protegido de cualquier intervención durante 180 días, y se deberá también, en un plazo de 60 días, elaborar un plan de trabajo forense en concordancia con el plan de búsqueda en el Estero de San Antonio. Parte del acuerdo también incluye brindar atención psicosocial a las víctimas.