JEP pidió a Alcaldías y Gobernaciones establecer rutas para responder a familias de desaparecidos en el conflicto

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó a las entidades de más alto nivel del Estado establecer una ruta metodológica para la coordinación y despliegue de acciones, que permitan responder a las solicitudes de familias de personas dadas por desaparecidas, en el marco del conflicto armado.

Esta medida cautelar fue ordenada durante una rueda de prensa, por parte de los magistrados Raúl Sánchez, presidente de la SARV, y Alejandro Ramelli; y las magistradas Reinere de los Ángeles Jaramillo y María del Pilar Valencia.

De acuerdo con los magistrados de la Sala, hasta la fecha la JEP ha adoptado 23 medidas cautelares para proteger las zonas en donde podrían hallarse víctimas de desaparición forzada.

Además, se han exhumado 1.256 cuerpos, de los cuales 94 han sido identificados y 61 han sido entregados a sus familias. A esto se suman los protocolos emitidos para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

Con estas rutas y mediante la articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Medicina Legal, la Fiscalía, los ministerios de Justicia, Salud, Hacienda y TIC, el DNP, el Dane y la Comisión Intersectorial del Sistema Nacional de Búsqueda, la JEP espera resolver de manera más eficiente a las familias buscadoras.

Medidas para la búsqueda de víctimas de desaparición forzada

El magistrado Raúl Sánchez, presidente de la SARV, anunció las medidas tomadas por la Sala para atender a las familias que buscan a sus seres queridos.

• Una convocatoria para iniciar un diálogo institucional entre entidades nacionales y territoriales el próximo 3 y 10 de julio.
• Instalación de tres mesas técnicas para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
• Iniciar un plan nacional para la toma de muestras biológicas masivas.
• Definir la ruta y protocolos forenses para salvaguardar los cuerpos de presuntas víctimas del conflicto en proyectos de infraestructura.
• El desarrollo económico debe armonizarse con los procesos de búsqueda de las víctimas.
• La JEP ordenó una reunión el 3 de julio para definir los objetivos de la mesa técnica solicitada por las víctimas.
• El 10 de julio deberá haber reunión entre las víctimas, la UBDP y Medicina Legal, para explicar la metodología de identificación y recibir las propuestas.
• Avanzar en las 23 medidas cautelares para proteger puntos de interés forense en donde podría haber víctimas de desaparición forzada.
• Identificar, abordar y resolver las necesidades estructurales en las medidas cautelares a nivel nacional y territorial.

Asimismo, el magistrado recalcó que las medidas cautelares se han convertido en una herramienta esencial para materializar los derechos de las víctimas de desaparición forzada, por lo que insistió en la importancia de lograr una articulación interinstitucional en estos procesos.

¿Quién tiene la culpa de las trabas en los procesos de búsqueda e identificación de desaparecidos?

Adicionalmente, los magistrados anunciaron que la JEP ya tiene detectadas las deficiencias que hacen parte del proceso de búsqueda e identificación de desaparecidos en el marco del conflicto.

Sobre este aspecto se resaltó la ausencia de consolidación de los sistemas relacionados con el proceso de búsqueda e identificación, así como la dificultad en el acceso a la información por parte las entidades a cargo de la búsqueda.

Además, la Sala insistió en que existe un subregistro de víctimas de desaparición forzada, impulsado por problemas estructurales y socioculturales como el miedo, la estigmatización, la desconfianza en las entidades y la administración de justicia.

A esto, se suma la falta de articulación estatal que lleva a la duplicidad de labores, la necesidad de un fortalecimiento presupuestal y tecnológico de las entidades involucradas en las labores de búsqueda y la falta de políticas públicas para tratar la desaparición forzada por parte del Estado colombiano y preservar los lugares de inhumación.

La magistratura de la Sala señaló, además, que no hay cifras consolidadas a nivel nacional de las víctimas de desaparición forzada, lo que hace mucho más complejo el proceso de búsqueda.

La JEP recalcó que las entidades que más han incumplido con sus obligaciones en los procesos de búsqueda e identificación de los cuerpos de desaparecidos son las Alcaldías y Gobernaciones, pues no hay una inclusión de estos objetivos en los planes de desarrollo.