Judicializan a nueve presuntos integrantes del Clan del Golfo por extorsiones en Córdoba
De acuerdo con las investigaciones, los procesados habrían participado en actividades delictivas bajo la estructura criminal conocida como Rubén Darío Ávila, vinculada al Clan del Golfo.
Noticias RCN
04:59 p. m.
Un juez de control de garantías de Montería impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra nueve personas señaladas de pertenecer al Clan del Golfo, a quienes la Fiscalía acusa de integrar una red de extorsiones en varios municipios de Córdoba.
Judicializan a presuntos integrantes del Clan del Golfo
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por un fiscal Gaula de la Seccional Córdoba, los procesados habrían participado en actividades delictivas entre marzo y julio de 2024, bajo la estructura criminal conocida como Rubén Darío Ávila, vinculada al Clan del Golfo.
Los capturados fueron identificados como Édinson Manuel Mesa Avilez, alias El Viejo; Cleiber David Mestra Primienta, alias Mateo; Érika María Vélez Zea, alias Juliana; Jhon Jairo Pantoja Guerra, alias Dairo; Orlando Enrique Pérez Ochoa, alias Chinchín; Juan David Caldera, Víctor Manuel Villamizar Hernández, alias El Boludo; Gloria Estella Hernández Argel, alias Doña Gloria y Jhon Arley Argúmedo Lobo, alias David.
Ninguno aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, relacionados con concierto para delinquir con fines de extorsión.
Según el material probatorio, los detenidos cumplían distintos roles dentro de la organización: algunos actuaban como observadores, otros como cobradores de cuotas ilegales y varios se encargaban de vigilar a la fuerza pública o de coordinar acciones violentas contra quienes se resistían a pagar.
Las víctimas habrían sido comerciantes, transportadores, empleados de empresas públicas y privadas, así como dueños de fincas en Montelíbano, Puerto Libertador, Buenavista, Planeta Rica y San José de Uré.
Nueve integrantes del Clan del Golfo fueron judicializados
Las autoridades calcularon que las exigencias ilegales alcanzaban hasta 2,2 millones de pesos mensuales por cada comerciante y alrededor de 5 millones de pesos por cada vehículo de una empresa de maquinaria amarilla, sumas que representaban una importante fuente de financiamiento para la estructura criminal.
Con las pruebas presentadas, el juez determinó que los procesados representan un riesgo para la sociedad y ordenó su reclusión en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones.