Jueces en el Catatumbo son obligados a abandonar sus cargos por graves amenazas de muerte
Altos funcionarios judiciales se reunieron en Cúcuta para abordar la crisis de seguridad que afecta a jueces en 17 municipios del Catatumbo y zonas aledañas.
Noticias RCN
05:22 p. m.
La situación de orden público en la región del Catatumbo ha alcanzado niveles críticos, obligando a dos jueces a abandonar sus cargos debido a amenazas contra su integridad.
Este escenario llevó a que se llevara a cabo una reunión de alto nivel en el Palacio de Justicia de Cúcuta, donde las autoridades judiciales evaluaron la crisis de seguridad que afecta a la administración de justicia en esta región del país cruelmente golpeada por el conflicto armado.
Presidente de la Corte Suprema evalúan seguridad de jueces en Catatumbo
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, lideró el encuentro al que también asistieron el presidente del Consejo Superior de la Judicatura y el presidente del Consejo de Estado.
La reunión tenía como objetivo revisar las condiciones de seguridad que enfrentan los jueces en al menos 17 poblaciones de la región del Catatumbo y áreas vecinas.
Entre los municipios en los que se han presentado los casos más graves se encuentran San Calixto, El Carmen, El Tarra y La Playa de Belén, en Norte de Santander. Además, se incluyen localidades del sur del Cesar como Río de Oro y González. Particular atención recibe el municipio de Lourdes, escenario reciente de enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el ELN.
Dos jueces huyeron de El Tarra por serias amenazas de muerte
La situación es muy grave en El Tarra, uno de los municipios más afectados por la violencia en el Catatumbo, de donde proviene uno de los jueces que se vieron forzados a dejar sus funciones.
El abandono de los cargos por parte de los jueces no solo representa un desafío para la administración de justicia, sino que también evidencia el alcance de la influencia de los grupos armados ilegales en la zona.
La ausencia de garantías para el ejercicio de la función judicial amenaza con dejar a las comunidades sin acceso a la justicia, profundizando aún más la crisis de seguridad y gobernabilidad en el Catatumbo.