Juez frenó caducidad y embargo por contrato de MinTIC y Centros Poblados
Ante la determinación, el presidente Iván Duque aseguró que esto ameritaba la revisión de la Comisión de Disciplina Judicial y expresó su apoyo a la ministra.
Noticias RCN
08:56 a. m.
Desde Corea del Sur, el presidente Iván Duque se refirió a la decisión del juez de Puerto Colombia, que ordenó suspender la caducidad del contrato y el embargo de las cuentas de la Unión Temporal Centros Poblados, que involucra cerca de $70.000 millones, y volvió a expresar su respaldo a la ministra de las TIC, Karen Abudinen.
El mandatario aseguró que la decisión amerita la revisión de la Comisión de Disciplina Judicial para entender qué hay detrás de la determinación.
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“Me parece muy curioso, muy paradójico, que digan que no se cumplió el debido proceso cuando está más que demostrado que se presentaron pólizas 'chimbas', pólizas falsas para tratar de ganarse un contrato y eludir todas las normas contractuales de nuestro país", dijo el mandatario.
La ministra de las TIC había anunciado el embargo a las cuentas bancarias, inmuebles y vehículos a la Unión Temporal Centros Poblados y sus integrantes, luego de que se ratificara la caducidad del contrato con el que se buscaba llevar internet a zonas rurales del país.
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Sin embargo, el juez decidió detener el proceso de caducidad y embargo, señalando que:
"Decrétese como medida provisional la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de las decisiones contenidas en las Resoluciones MINTIC Nos. 01747 del 19 de julio de 2021 y 02013 del 13 de agosto de 2021, y de todas aquellas que se deriven de las mismas, proferidas por la autoridad accionada en contra de la UT Centros Poblados Colombia 2020, hasta tanto se profiera decisión de fondo dentro del presente trámite”, dice el oficio.
Asimismo, se le solicitó a Abudinen que presente un informe con las pruebas respecto al contrato presentado con Centros Poblados, para que ejerza su derecho a la defensa y contradicción.
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Par el presidente Duque "la caducidad se decretó para proteger los intereses de la nación y para avanzar con los embargos para que no se vayan a perder los recursos de los anticipos y para que se le aplique la máxima su sanción contractual a quienes fraudulentamente presentaron información para ganar un contrato”.