Le ponen fecha límite al Gobierno para que responda sobre compra de aviones Gripen

El viernes 14 de noviembre, el Ministerio de Defensa dio a conocer que, tras una larga espera, finalmente se firmó el contrato con Saab para la compra de 17 aviones Gripen E/F.

3.135 millones de euros (16.5 billones de pesos): este fue el valor con el que se cerró el negocio. El pago y puesta en marcha de las aeronaves se dispuso para un lapso de siete años. Por eso, en el cronograma quedó contemplado que las primeras entregas se harán en 2028 y en 2032 la flota estará completa.

¿En cuánto se cerró el contrato?

A pesar de ser un anuncio clave para el futuro de la seguridad nacional, ha habido cuestionamientos sobre el pago acordado y los motivos que llevaron a escoger a Saab por encima de las otras dos ofertas (francesa y estadounidense).

El excongresista David Luna presentó una tutela ante el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá, asegurando que debía haber claridad sobre el negocio.

Los cuestionamientos del exsenador se centraron en las críticas en torno al valor de cada avión, de 215 millones de dólares aproximadamente. Enfatizó que, si bien el Ministerio de Defensa ha respaldado la transparencia, no se han presentado los documentos pertinentes de ello.

Gobierno le debe responder a David Luna

“La ciudadanía sigue sin acceso directo a los documentos contractuales y precontractuales que permitirían despejar estas dudas”, sostuvo. Aunque se hayan presentado derechos de petición, afirmó que no ha recibido una copia del contrato ni la información correlacionada (viabilidad jurídica, estudios, análisis técnicos y concepto fiscal).

Por eso, Luna presentó la tutela: “La ausencia de información contractual y precontractual no solo afecta el derecho de cualquier ciudadano a recibir respuesta de fondo a sus peticiones y a acceder a la información pública, sino que limita de manera directa la posibilidad real de acudir a los mecanismos judiciales ordinarios de control”.

El juzgado falló a favor del también candidato y le ordenó, tanto a la Presidencia como al Ministerio de Defensa, responder una serie de preguntas sobre el costo y detalles del contrato. Esto, en un tiempo no superior a los cinco días a partir de conocerse la decisión.