Juliana Guerrero, exaspirante a viceministra, habría pagado derechos de grado después de graduarse

La exaspirante a viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad, Juliana Guerrero, enfrenta una nueva controversia.

Nueva polémica implica a Juliana Guerrero

Esto, luego de una denuncia presentada por la representante Jennifer Pedraza en la que se revela que Guerrero habría realizado pagos por sus títulos educativos después de haberse graduado de la Fundación Universitaria San José, según facturas oficiales entregadas a la Dian.

Las facturas reveladas por Pedraza evidencian que los pagos se efectuaron después del primero de julio de 2025, fecha en la que Guerrero se habría graduado.

Los documentos fiscales muestran tres transacciones que suman cerca de 8 millones de pesos correspondientes a dos títulos académicos.

La primera factura data del 28 de julio de 2025 por 1 millón de pesos en concepto de derechos de grado en Contaduría. La segunda, del 29 de julio, registra más de 2 millones de pesos por matrícula en tecnología en gestión contable y tributaria. La tercera factura, también del 29 de julio, corresponde a más de 4.700.000 pesos por matrícula en contaduría pública.

“¿Cómo, después de graduarse, increíblemente las maromas le dieron a Juliana para pagar casi un mes después primero sus derechos de grado y después su matrícula en los dos programas de educación superior que supuestamente ella presentó para posesionar como viceministra de las juventudes?”, cuestionó la representante Pedraza.

Este nuevo señalamiento se suma a las irregularidades previamente denunciadas por Pedraza, quien fue la primera en alertar sobre inconsistencias en el proceso de aspiración de Guerrero al cargo público. La controversia inicial se centró en que Guerrero no cumplía con los requisitos legales establecidos para ser designada viceministra.

¿Qué respondió Juliana Guerrero a las denuncias por sus títulos?

Hasta el momento, Noticias RCN ha intentado contactarse con Juliana Guerrero para conocer su versión sobre estas acusaciones, pero no ha obtenido respuesta.

La polémica mantiene en el centro del debate público las exigencias de transparencia en los procesos de designación de funcionarios públicos y la verificación de requisitos académicos para cargos de alto nivel en el Gobierno.