Juristas aseguran que el fallo sobre asistencia de candidatos a debates es contradictorio
El fallo del Tribunal Superior de Bogotá exige a los candidatos presidenciales organizar un debate antes de las elecciones.
Noticias RCN
04:42 p. m.
En el marco de la decisión de tutela que pone fecha el próximo jueves, 16 de junio, para la realización del debate entre Rodolfo Hernándezy Gustavo Petro, de cara a la segunda vuelta presidencial, hay varias dudas sobre si los candidatos deben o no asistir al conversatorio.
En contexto: Tribunal Superior de Bogotá exige a candidatos presidenciales organizar un debate
En primer lugar, la decisión de tutela quiere decir que hay un derecho fundamental, el cual, presuntamente, ha sido vulnerado, por lo que debería cumplirse el fallo. Sin embargo, existen recursos de ley que no impiden el cumplimiento.
El fallo es una extralimitación, según juristas
Noticias RCN consultó juristas expertos en el tema, quienes señalan que el fallo es contradictorio y es una extralimitación, debido a que, por ejemplo, la resolución indica que el debate debe realizarse antes de las elecciones, las cuales ya iniciaron en todo el mundo desde el pasado lunes, 13 de junio.
“El fallo es contradictorio, pues ordena que le debate se realice antes de las elecciones, desconociendo que las elecciones están en curso desde el pasado lunes, cuando nuestros compatriotas están votando a lo largo y ancho del planeta”, dijo Francisco Bernate, del colegio de abogados penalistas.
Lea, además: Verónica Alcocer y el comentario con el que arremetió contra las mujeres periodistas
Por su parte, Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista, aseguró que “no existe un deber por parte de los candidatos a realizar los debates, es un derecho de acceso a los medios de comunicación y una forma de ayudar a difundir sus programas e ideas, de manera que hay una indebida participación en política”.
Por último, el abogado y profesor universitario, Sócrates Saavedra, mencionó que “el organismo jurídico colombiano no tiene instrumento legal alguno para obligar a un candidato a asistir a un debate y no se vulnera un derecho fundamental con la decisión, menos aún, en el mundo tecnológico en el que los candidatos tienen interacción permanente con sus posibles electores.