Justicia de EE.UU. investigará Ruta del Sol II y Odebrecht

El Grupo Aval, el mayor conglomerado financiero del país, anunció este martes que recibió una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos ligada con una investigación sobre el proyecto vial Ruta del Sol II que una filial suya desarrolló con la brasileña Odebrecht, donde se habrían registrado sobornos.

El Grupo Aval -controlado por el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo- no precisó inmediatamente el tipo de petición que realizó el organismo estadounidense, pero sí señaló que la investigación recae sobre el proyecto vial Ruta del Sol II, propiedad de la filial Corficolombiana , de la brasileña Odebrecht y de Cass Constructores, en un contrato por 5 billones de pesos.

"Grupo Aval ha informado al DOJ (Departamento de Justicia de Estados Unidos), a través de sus abogados en los Estados Unidos, que cooperará con la investigación del DOJ, así como lo ha venido haciendo con otras entidades gubernamentales", explicó el conglomerado en un breve comunicado.

"Grupo Aval toma muy en serio ésta y cualquier otra investigación gubernamental que pueda surgir. De existir avances que revistan materialidad relacionados con Ruta del Sol II, Grupo Aval los informará en sus reportes trimestrales de resultados", agregó.

Odebrecht ha estado en el centro del mayor escándalo de corrupción en América Latina desde que reconoció en el 2016 que sobornó a funcionarios en una docena de países. En el caso de Colombia, la empresa brasileña pagó unos 30 millones de dólares en coimas a cambio de contratos de infraestructura, según investigaciones de la Fiscalía General.

La investigación se suma a otras que se están realizando por las autoridades sobre Odebrecht por haber ofrecido sobornos para obtener el contrato, así como sobre varios funcionarios del Grupo Aval, incluido Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, hijo de Sarmiento Angulo, por supuestas prácticas contra la libre competencia.

Aunque Corficolombiana se presentó en un principio como víctima de Odebrecht, la compañía comenzó a ser cuestionada después de que el auditor financiero del consorcio, Jorge Pizano, revelara en una entrevista póstuma que el socio colombiano sabía de las irregularidades y no las denunció.

Además de salpicar al presidente de la compañía José Elías Melo, el auditor implicó al entonces abogado de la firma y ahora fiscal general Néstor Humberto Martínez.

Hasta el momento, seis personas han sido condenadas por este escándalo.

El caso tomó un giro dramático tras la muerte de Pizano el 8 de noviembre, por un aparente infarto, y la de su hijo tres días después por envenenamiento con cianuro, sustancia que bebió de una botella de agua que encontró en el escritorio de su padre.

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