Juzgado protege a cabildos Inga, en Mocoa, frente a resolución ambiental de Corpoamazonía
Un fallo judicial ordenó a Corpoamazonía frenar el trámite de una resolución que busca declarar reserva ambiental gran parte de Mocoa.
Noticias RCN
06:08 p. m.
El Juzgado Tercero Civil Especializado en Restitución de Tierras ordenó a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, Corpoamazonía, suspender el trámite de una resolución ambiental en Mocoa, Putumayo, asegurando que no se consultó al respecto a los cabildos Inga Runa Alpa Wasi, Inga San Joaquín y demás comunidades indígenas.
Se trata de un proyecto que pretende declarar reserva ambiental más del 70 % del territorio, el cual ha sido asentamiento ancestral de estas etnias.
El fallo en favor de la tutela se da en amparo a los derechos del pueblo Inga, reconocido por la Corte Constitucional, mediante el auto 004 de 2009, como sujeto de especial protección al encontrarse en riesgo de exterminio físico y cultural.
La orden que protege a las comunidades Inga
La decisión del fallo judicial ordena a Corpoamazonía que en un plazo de 48 horas se suspenda el trámite de expedición de la resolución, hasta que no se tramite la solicitud formal ante el Ministerio del Interior y se certifique si es procedente o no la consulta previa con los cabildos Inga.
Además, pide a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior que, en el término de 10 días, haga los estudios correspondientes para determinar, en apoyo con Corpoamazonía, si procede o no la consulta a los pueblos Inga, cuyos cabildos se ubican sobre el Km 9 y 12 de la vía Mocoa-Pitalito, y en la vía Yunguillo, en la vereda San Juan del municipio de Mocoa.
La orden incluye que se adelanten concertaciones previas con las comunidades, antes de emprender cualquier actividad que pueda afectar su territorio o la preservación de sus prácticas culturales, sociales y espirituales.
Las preocupaciones de los pueblos Inga
La orden del Juzgado se da en respuesta a una tutela interpuesta por las comunidades Inga, que aseguran que la expedición de decisiones ambientales podría afectar el uso de sus territorios y la preservación de sus costumbres.
Para las comunidades, la omisión de una consulta previa representa una vulneración a sus derechos fundamentales, pues “les priva de intervenir de manera previa, libre e informada en una decisión administrativa que podría incidir de forma sustancia en su vida comunitaria y en el territorio ancestral que ocupan”.
Asimismo, aseguraron que Corpomazonía no tiene competencia para determinar de forma autónoma la procedencia de la consulta, pues esta es una función exclusiva del Ministerio del Interior.