La polémica por traslado de un caso terrorismo en Bogotá de la Fiscalía a la unidad de protesta social
La decisión de la fiscal Luz Adriana Camargo tiene que ver con el caso de 11 personas señaladas de infiltrar universidades y usar explosivos.
Noticias RCN
08:51 p. m.
En las últimas horas, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, desató una nueva polémica tras decidir trasladar la investigación contra 11 personas acusadas de terrorismo y vandalismo en Bogotá hacia la recién creada unidad de justicia restaurativa que investiga delitos en el marco de la protesta social.
Los capturados fueron judicializados por ocho delitos, incluyendo concierto para delinquir, terrorismo, incendio y violencia contra servidor público.
Los 11 procesados permanecen privados de la libertad, pero los nuevos fiscales de la unidad de justicia restaurativa deberán revisar e individualizar los hechos para determinar si califican como terrorismo o concierto para delinquir.
La polémica por decisión contra el caso de 11 presuntos terroristas en Bogotá
Según la resolución de la Fiscalía, los procesados, identificados como miembros del grupo ‘PPP’, están señalados de infiltrar universidades públicas y de elaborar y utilizar elementos explosivos contra la fuerza pública.
La entidad justificó el traslado argumentando que "la actuación adelantada hasta el momento ha permitido el ejercicio legítimo de la función investigativa y ha permitido avances relevantes en la identificación de los hechos en materia de investigación".
Sin embargo, la fiscalía añadió que "el estado actual del proceso y la naturaleza del fenómeno investigado hacen necesario que el caso sea asumido bajo los criterios institucionales definidos para las conductas ocurridas en contextos de protesta social".
La entidad también explicó que la fiscal que llevaba el caso no superó el concurso de méritos y saldría de la institución, y que los 11 procesados no estaban completamente individualizados ni habían llegado a la etapa de acusación.
Alcalde Galán exigió que no haya impunidad en el caso de los 11 terroristas
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su preocupación ante esta decisión y exigió que los hechos no queden impunes.
Es fundamental que esta gente pague por lo que hizo según la investigación (…) Nosotros en Bogotá tenemos la obligación de garantizar el ejercicio de la protesta pacífica de la manifestación y lo haremos, pero no podemos permitir que disfracen de protesta pacífica o de manifestación hechos que según la misma investigación de la fiscalía serían concierto para delinquir y terrorismo.
El alcalde enfatizó que la misma Fiscalía ha calificado estas acciones como delitos graves, lo que genera dudas sobre la pertinencia de trasladar el caso a una unidad diseñada para investigar conductas en contextos de protesta social legítima.