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La Procuraduría debe ser eliminada: exmagistrado

El exmagistrado Yesid Rodríguez, habló sobre la polémica que generó la destitución de Petro.


Noticias RCN

dic 12 de 2013
10:00 a. m.

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Yesid Rodríguez, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, se refirió a la determinación del procurador general, Alejandro Ordóñez, de destituir e inhabilitar al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, durante 15 años. 
Según el jurista la Procuraduría debe ser eliminada para evitar que se presenten polémicas de este tipo, en el que el Ministerio Público, según algunas instituciones como la Fiscalía, pudo haber actuado por fuera de sus funciones al destituir a un funcionario elegido por voto popular. 
"La Procuraduría sobra desde el punto de vista de intervención en materia penal, para eso está la Fiscalía y la Defensoría, y para el control disciplinario; yo creo que los organismos pueden tener internamente su propio control como ocurre en la mayoría de los países", afirmó en declaraciones que fueron tomadas por RCN La Radio.
Agregó que "a mí sí me parece que la Procuraduría es redundante, tuvo su razón de ser en su momento, debería haber sido eliminada en la Constitución de 1990. La solución independientemente de quién sea el Procurador en este momento, es eliminar la Procuraduría".
Además, Rodríguez resaltó que se deben analizar las facultades del procurador al momento de tratar con funcionarios elegidos por la ciudadanía. 
"Creo que lo que se debe aprovechar es la coyuntura para regular el tema concreto de los alcances de las facultades disciplinarias de la Procuraduría frente a funcionarios elegidos popularmente", indicó.
El exfuncionario explicó que su opinión no es un ataque al procurador general, Alejandro Ordóñez, "No hay que enfocar los problemas como si fuera un tema personal y mirarlo desde un punto de vista institucional, el tema no es Alejandro Ordóñez que lo que hace es llevar las funciones de la Procuraduría al límite, el tema es si la Procuraduría como institución debe tener esa clase de facultades".
Finalmente aseguró que las destituciones e inhabilitaciones de funcionarios elegidos por voto popular deben estar en manos de una autoridad judicial. 
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