Gobierno radicó proyecto que busca modificar financiación de las universidades públicas
El Ministerio de Educación presentó el proyecto para modificar dos artículos de la ley 30, la cual explica cómo es el método de financiación para las universidades públicas.
Noticias RCN
11:45 a. m.
El Gobierno radicó el proyecto de ley ‘Gran Acuerdo Nacional por la Educación Pública’, el cual busca hacerle ajustes a la Ley 30.
¿Qué es la Ley 30?
La Ley 30 de 1993 plasma todo lo relacionado con la normativa de la educación superior, desde cómo se prestan los servicios hasta la financiación. El Gobierno pretende modificar dos artículos.
El propósito de este proyecto de ley es cambiar los artículos 86 y 87, los cuales se refieren al funcionamiento e inversión de las universidades nacionales, departamentales y municipales.
Actualmente, el modelo de financiación se basa en los aportes estatales ajustados anualmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Para el ministro de Educación, Daniel Rojas, este incremento no refleja adecuadamente el crecimiento de la cobertura, lo cual ha generado una brecha financiera entre las instituciones.
Esto propone el Gobierno
La propuesta principal del articulado entonces es modificar esto, para que el cálculo de los aportes estatales no sea con el IPC, sino teniendo en cuenta como base el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES).
“Si es incremento del ICES es inferior al del IPC en un año determinado, el ajuste se hará con base al IPC, asegurando así que las universidades no pierdan poder adquisitivo”, explicó el Ministerio de Educación.
El proyecto también plantea que, tras el primer año de aplicada la ley, habrá una asignación de recursos adicionales al 0.05% del Producto Interno Bruto (PIB), los cuales estarán destinados a establecer la base presupuestal de las instituciones.
Rojas afirmó que “este acuerdo nacional supera las ideologías y nos une como colombianos para garantizar una educación pública de calidad para todos”.
Con este articulado, el Gobierno busca dejar abierta la posibilidad de destinar recursos extra de forma voluntaria a la base presupuestal y así reducir la deuda que hay con las universidades públicas.