Los líos judiciales de Daniel Quintero, exalcalde designado como nuevo superintendente de Salud
El exalcalde de Medellín está llamado a juicio y tiene siete investigaciones disciplinarias.
Noticias RCN
02:44 p. m.
La designación de Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud ha generado fuerte rechazo entre asociaciones médicas, organizaciones de pacientes y sectores políticos.
El nombramiento ocurre mientras el exalcalde de Medellín enfrenta múltiples procesos judiciales y disciplinarios. Por ejemplo, la Fiscalía lo llamó a juicio por el caso Aguas Vivas, relacionado con presuntas irregularidades. Adicionalmente, 27 personas de su administración en la alcaldía están siendo procesadas por diferentes delitos.
Investigaciones disciplinarias y un juicio pendiente
Desde el ámbito disciplinario, la Procuraduría ratificó una inhabilitación de seis meses contra Quintero por su participación en política durante el ejercicio de su cargo. El funcionario también acumula siete investigaciones adicionales por faltas relacionadas con presunta corrupción.
Las asociaciones médicas y de pacientes han expresado públicamente su preocupación, asegurando que no cumple con los criterios técnicos necesarios para ocupar este cargo y administrar el sistema de salud. Cuestionan que la designación responda más a necesidades políticas que a resolver la crisis.
Rechazan designación de Daniel Quintero
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha sido una de las voces más críticas. Anunció que presentará los recursos necesarios para que Quintero se declare impedido en ocupar el cargo.
Esta persona no tiene una hoja de vida. Esta persona lo que tiene es un prontuario criminal. Está imputado por corrupción y está en etapa de juicio por corrupción.
Por su parte, Quintero ha defendido su nombramiento señalando que el sistema de salud necesita un reinicio contra la corrupción. Sin embargo, críticos sostienen que su historial contradice esta postura.
La Superintendencia de Salud enfrenta desafíos significativos en un sector en crisis. Analistas señalan que la hoja de ruta debería enfocarse en reconocer el pago a la red prestadora, garantizar la atención a los usuarios y asegurar el acceso a medicamentos y servicios.