“Legalizar lo ilícito no es una propuesta seria”: exministra Ángela M. Buitrago sobre el proyecto de paz total

En entrevista con Noticias RCN, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago advirtió que el proyecto de ley radicado por el ministro Eduardo Montealegre para el sometimiento de grupos armados y actores de la protesta social representa una amenaza al Estado de derecho y a la justicia ordinaria en Colombia.

Durante su análisis, Buitrago expresó su preocupación por varios puntos del proyecto denominado Estatutos de la Paz Total, entre ellos la posibilidad de que máximos responsables de organizaciones criminales conserven hasta el 12% de los bienes adquiridos ilícitamente, como parte de los estímulos para someterse a la justicia.

Críticas a fondo: impunidad, privilegios y “legalización del crimen”

“Lo ilícito en Colombia es ilícito de origen. No se puede legalizar. Lo que nace ilícito, queda ilícito”, afirmó con contundencia la exministra, quien además calificó como “imposible e irresponsable” que un Estado proponga legalizar rentas del crimen organizado. A su juicio, esto no solo violaría principios jurídicos nacionales, sino tratados internacionales.

Buitrago explicó que el proyecto de Montealegre, radicado bajo el número 002, mezcla elementos del sistema penal ordinario con propuestas transicionales, al tiempo que incorpora gabelas para condenados por delitos durante la protesta social, situación que no hacía parte del diseño original de la Ley 2272, marco de la paz total.

“No se puede hablar de perdón para personas ya condenadas en primera y segunda instancia, ni crear regímenes especiales para criminales reincidentes. Si se quiere una amnistía total, que se diga con claridad”, advirtió.

Según la exministra, el proyecto actual no respeta la igualdad ante la ley al otorgar beneficios diferenciados a grupos específicos, lo cual “desvirtúa la regularidad y legalidad que debe tener una norma general”.

Finalmente, criticó que se pretenda otorgar funciones extraordinarias a entidades como el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía, sin sustento constitucional, y alertó sobre las consecuencias que podría tener este marco legal en términos de justicia para las víctimas: “No se puede construir paz debilitando la justicia”.