Ley de garantías y las restricciones durante las elecciones regionales en Colombia
La ley que comienza a regir cuatro meses antes de las elecciones le prohíbe a los funcionarios públicos ejecutar contratos estatales.
Karol Galindo
10:09 a. m.
El próximo 29 de octubre se realizarán las elecciones regionales en las cuales los colombianos elegirán 1.102 alcaldes, 32 gobernadores, 1.072 concejales en todos los municipios, 418 diputados y 6.885 ediles.
En medio de lo que es el desarrollo de la campaña, las leyes colombianas tienen normas específicas para garantizar la transparencia electoral de los comicios.
¿Qué es la ley de garantías?
Una de las normas más relevantes es la ley 996 del 2005, más conocida como la ley de garantías, que prohíbe la contratación pública a todas las entidades del Estado y para cualquier tipo de elecciones que se desarrollen en el territorio nacional.
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“Dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas”, establece la ley.
Como expresa el anterior párrafo de la ley, esta deberá comenzar a regir cuatro meses antes de las elecciones, por ende, ya comenzó a aplicarse desde el pasado 29 de junio.
¿Qué más prohíbe la ley?
Los funcionarios públicos también tienen prohibido acosar o presionar a subalternos para que se respalde alguna candidatura o campaña política. Tampoco podrán entrar en controversias políticas ni difundir propaganda electoral a favor o en contra de algún candidato electoral.
En temas económicos, los funcionarios públicos que ostenten cargos de liderazgo no deberán favorecer con bonificaciones o incentivos económicos a quienes se identifiquen con el pensar político de sus líderes.
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“Ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto”, expresa la ley.
Tampoco se podrán despedir otros funcionarios durante los mismos cuatro meses que reglamenta la ley, no se inaugurarán obras públicas, no se podrán utilizar bienes del Estado para funciones electorales ni se hará el uso de imágenes o símbolos de campañas electorales.