¿En qué consiste la ley que busca sustituir la pena de más de cinco mil mujeres por servicios comunitarios?

Por primera vez en la historia, tres de los cargos más importantes en cuanto a la justicia tienen mujeres a la cabeza. Ellas dieron una noticia sobre la ley de utilidad pública.

Trabajo conjunto de la defensora del Pueblo, fiscal general y ministra de Justicia

Ángela María Buitrago, ministra de Justicia; Iris Marín, defensora del Pueblo; y Luz Adriana Camargo, fiscal general. Las tres dieron a conocer lo que es la ley de utilidad pública, la cual está enfocada en las mujeres privadas de la libertad.

La norma entró en vigor y establece los beneficios para las mujeres cabeza de hogar que estén privadas de la libertad por delitos en situación de marginalidad. La ley ofrece sustituir la pena de prisión por servicios comunitarios.

Sin embargo, desde que se puso en marcha, son pocas las mujeres que se han visto beneficiadas por las barreras existentes, tales como el desconocimiento e interpretaciones restrictivas.

La Defensoría, Fiscalía y el Ministerio de Justicia publicaron las respectivas resoluciones y directrices para la aplicación efectiva de la ley. Se espera que pueda tener un alcance inicial de al menos cinco mil mujeres.

Las tres funcionarias subrayaron que la ley no solamente permite cumplir la pena de forma restaurativa, sino que contribuye a la reintegración social de las mujeres.

Durante una visita a la cárcel El Buen Pastor, Buitrago, Marín y Camargo socializaron las resoluciones para que sea implementada la ley, la cual es la 2292 de 2023.

¿A qué mujeres cobija la ley?

Si las privadas de la libertad cometieron delitos contra el patrimonio económico, porte y tráfico de estupefacientes; con condenas menores a ocho años, podrán favorecerse con la pena sustitutiva.

“Esta norma es la primera en el país que, con enfoque de género, contempla la posibilidad de ejecutar una sanción penal de manera restaurativa, permitiendo cumplir la pena de forma extramural en actividades de impacto social en el ámbito comunitario y, a su vez, que la mujer pueda proveer y acompañar a sus hijos”, afirmó la defensora del Pueblo.

Por su parte, Camargo indicó que “es fundamental que fiscales y jueces sean empáticos, porque esta ley representa un avance maravilloso hacia penas más sanadoras y oportunidades reales de reintegración social”.

“El Ministerio de Justicia y del Derecho no va a cesar en el intento de buscar que todas y cada una de ustedes tengan sus derechos cumplidos. Por esa razón seguimos bajo una ética frontal: aquí entra la persona, el ser humano, no entra el delito. Y por eso insistimos una y mil veces: sigan adelante, no cesen en ese intento”, declaró la ministra Buitrago.