Ley de sometimiento fue aprobada en el Congreso y pasa a sanción presidencial

El Senado y la Cámara de Representantes aprobaron este 3 de noviembre la ley de sometimiento presentada por el gobierno de Abelardo de la Espriella para poner fin a la denominada paz total.

Con una votación de 57 por el Sí y 24 por el No en Senado, y 95 a favor y 10 en contra en Cámara, las corporaciones dieron luz verde a este proyecto que avanzaba a contrarreloj en el legislativo y que busca establecer un marco jurídico para el desarme de organizaciones criminales a cambio de beneficios ante la justicia.

En la Cámara, los representantes hicieron la denomiada 'votación espejo', para aprobar el mismo texto que había salido horas antes del Senado. Para esto, fue necesario hacer la reapertura de los artículos 2 y 25.

Con esta movida se evita la conciliación que tendría que darse durante la jornada del miércoles.

Ahora, los textos tendrán que ser publicados en la Gaceta del Congreso y posteriormente la ley debe ser sancionada por el presidente de la República, todo esto antes de la medianoche del 4 de noviembre.

La aprobación del proyecto representa uno de los avances más importantes en la agenda de seguridad y orden público impulsada por el nuevo gobierno. Durante el trámite final, el Congreso introdujo varios ajustes al texto original, entre ellos la reducción de la vigencia de la ley y la eliminación de disposiciones relacionadas con gastos reservados en materia de seguridad.

Ajustes al proyecto durante el debate

El ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que la iniciativa quedó fortalecida luego de las modificaciones realizadas en el Congreso.

Según explicó tras la aprobación del Senado, uno de los cambios más relevantes fue que la duración de la norma pasó de diez a cuatro años y se eliminó el artículo que otorgaba facultades especiales al Ministerio del Interior para manejar ciertos recursos de seguridad.

El funcionario señaló que "la ley es un punto clave" dentro de la política criminal del Gobierno y destacó que quienes se acojan al mecanismo deberán entregar un inventario completo de sus bienes.

También precisó que se estableció un límite de seis años para acceder a la libertad condicional y que el incumplimiento de las condiciones derivará en la expulsión inmediata del proceso y el regreso a la justicia ordinaria.

Sin suspensión de órdenes de captura ni extradiciones

Cancino enfatizó que el modelo aprobado no contempla beneficios automáticos para los grupos o personas que decidan acogerse a la norma. En ese sentido, afirmó que "no hay suspensión de órdenes de captura", tampoco de extradición, y reiteró que no se trata de un proceso de negociación sino de un mecanismo de sometimiento contemplado dentro de la legislación de orden público.

El ministro también aseguró que el articulado mantiene "absoluto respeto por las víctimas" y establece medidas estrictas contra los responsables del reclutamiento de menores. Además, sostuvo que cualquier beneficio estará condicionado al cumplimiento integral de los compromisos exigidos por la ley.

"Si no cumplen, sencillamente no hay posibilidad de ninguna rebaja", afirmó al defender el texto aprobado, el cual, según dijo, es un documento "sólido" y acorde con la política criminal del presidente Abelardo de la Espriella.