Ley de sometimiento: rebajas de penas de hasta 50% y sin estatus político para grupos armados

La Cámara de Representantes y el Senado aprobaron este martes la ley de sometimiento impulsada por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, una iniciativa que busca establecer un marco jurídico para que integrantes de organizaciones criminales se entreguen a la justicia bajo condiciones definidas por el Estado, sin negociaciones políticas, sin suspensión de órdenes de captura y sin beneficios para responsables de reclutamiento de menores.

La nueva normativa contempla rebajas de penas de hasta el 50 % para integrantes de grupos armados que decidan someterse a la justicia. En el caso de los cabecillas, el beneficio será de hasta el 30 %, mientras que quienes hayan participado en el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes quedarán excluidos de cualquier reducción de condena.

Gobierno y Congreso marcan distancia con la “paz total”

Durante entrevistas concedidas a Noticias RCN, los representantes Simón Molina y Julio César Triana defendieron la iniciativa y rechazaron las comparaciones con la política de “paz total” implementada durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Molina aseguró que ambas estrategias responden a enfoques completamente distintos. Según explicó, mientras la paz total buscó establecer procesos de diálogo con estructuras armadas, la nueva ley fija condiciones unilaterales definidas por el Estado.

“No hay proceso de negociación”, señaló el congresista, quien agregó que las organizaciones criminales interesadas deberán cumplir exigencias como el desmantelamiento de sus estructuras, la entrega de bienes producto de actividades ilícitas y la liberación de menores reclutados.

El representante también destacó que la ley mantiene vigentes las órdenes de captura y extradición contra los integrantes de grupos criminales, a diferencia de mecanismos implementados en procesos anteriores. Además, sostuvo que quienes reincidan en actividades delictivas perderán los beneficios otorgados y serán procesados bajo la justicia ordinaria.

Por su parte, Triana afirmó que la norma representa el cierre definitivo del modelo impulsado por el anterior gobierno. “Esta es una ley para que los delincuentes se sometan ante el Estado colombiano”, indicó, al insistir en que no contempla mesas de diálogo ni beneficios extraordinarios para las organizaciones armadas.

Uno de los aspectos que más resaltaron los congresistas es que la ley no reconoce estatus político a los grupos criminales que se acojan al mecanismo, una disposición que adquiere relevancia en medio de los debates sobre eventuales acercamientos con estructuras como el ELN.

Bienes, testaferros y protección a las víctimas

Otro de los pilares de la nueva legislación es la persecución de las finanzas ilegales que sostienen a las organizaciones criminales. Según Molina, quienes busquen someterse deberán revelar información sobre redes de lavado de activos, testaferros, bienes y recursos obtenidos mediante actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión o la trata de personas.

Los testaferros y colaboradores encargados de ocultar recursos también estarán cobijados por las disposiciones de la ley y enfrentarán sanciones dentro del proceso judicial.

Triana explicó que, a diferencia de propuestas anteriores, la norma exige una entrega completa de la información patrimonial y permite a las autoridades rastrear las economías ilegales y a los financiadores de las estructuras criminales. Además, enfatizó que serán los jueces de la República quienes determinen la viabilidad de los acuerdos de sometimiento, evitando que estas decisiones dependan de criterios políticos.

Los representantes coincidieron en señalar que las víctimas y los menores de edad ocupan un papel central en la nueva legislación. La exclusión total de beneficios para quienes hayan participado en el reclutamiento de niños y adolescentes fue presentada como una de las principales garantías del proyecto.

Con la aprobación en el Congreso, el Gobierno espera que la ley se convierta en una nueva herramienta para promover la desarticulación de organizaciones criminales y facilitar su sometimiento a la justicia, bajo un esquema que, según sus promotores, prioriza la acción judicial sobre los procesos de negociación política.