La Ley Huérfanos por Feminicidio entra en vigencia tras sanción presidencial

Luego de su aprobación en el Congreso de la República y con la reciente sanción presidencial, la Ley Huérfanos por Feminicidio entra en vigencia, una iniciativa histórica en Colombia que reconoce y repara a las víctimas más invisibles luego de un feminicidio: los niños, niñas y adolescentes.

La ley establece una serie de medidas integrales. Se contempla un apoyo económico periódico para aquellos pertenecientes a los grupos A, B y C del Sisbén IV, que busca aliviar su situación de vulnerabilidad. Además, se asegura el acceso prioritario a servicios fundamentales como educación, salud, cultura, empleo, deporte y atención psicosocial, con el fin de promover su desarrollo integral y bienestar.

A esto se suma la provisión de asistencia legal gratuita y especializada, particularmente en procesos de custodia y justicia penal, lo que le permite a las víctimas contar con acompañamiento jurídico adecuado.

Una ley que busca garantías para los más vulnerables luego de un feminicidio

“Quisimos transformar ese dolor en justicia social. Ahora, estos niños y niñas no estarán solos. El Estado tiene la obligación de protegerlos, garantizarles derechos y asegurar que el agresor nunca más tenga control sobre su vida”, dijo la autora de esta ley y representante del Partido Conservador, Juliana Aray.

La ley también prohíbe de manera categórica que los feminicidas puedan acceder o administrar los beneficios que están destinados a los hijos e hijas de las mujeres asesinadas, lo que refuerza la protección de los derechos de estos menores. Asimismo, se establece la creación de una Estrategia Nacional de Atención y de un Registro Nacional de Beneficiarios, herramientas clave para garantizar el seguimiento, la coordinación interinstitucional y la implementación efectiva de las medidas contempladas.

De acuerdo con el Observatorio Colombiano de Feminicidios, entre enero y junio del 2025 se han registrado 427 feminicidios, dejando aproximadamente más de 218 menores huérfanos. Sin embargo, la Ley no solo ampara a las víctimas recientes, sino que también cobija a miles de jóvenes que durante años han vivido sin respaldo del Estado.

Tras la sanción presidencial, la representante Aray se comprometió con hacer un seguimiento estricto y audiencias públicas en los territorios más afectados, pues los hijos e hijas de las víctimas no solo deben atravesar el trauma de la pérdida, sino el desamparo institucional, la exclusión social y la pobreza.