Lili Pink pide explicaciones a la DIAN por informe que certificó ausencia de irregularidades en 2024
La Fiscalía avanza simultáneamente en un proceso de extinción de dominio por más de $184.000 millones en bienes inmuebles.
Felipe Quintero
03:37 p. m.
El caso de Lili Pink, la empresa señalada de presuntas importaciones ficticias y contrabando de ropa interior suma un nuevo capítulo en la investigación tras revelarse que la DIAN certificó en 2024 la ausencia de irregularidades en sus operaciones comerciales.
La defensa de la compañía solicitó formalmente explicaciones al director de la DIAN después de conocerse un documento enviado por la entidad a la Fiscalía en 2024, donde se pronunciaba favorablemente sobre las actividades comerciales de Lili Pink.
De acuerdo con el informe de la DIAN sobre las operaciones de Lili Pink:
No se le han proferido resoluciones de declaratoria de proveedores ficticios.
Defensa de Lili Pink exige explicaciones a la DIAN
El abogado Andrés Jiménez, representante de la compañía, cuestionó la contradicción de los informes:
¿Por qué la DIAN en el 2024 le dice a la Fiscalía que no hay contrabando y por qué hoy en día se presenta públicamente a estos empresarios como si fueran pues lo peor que ha existido en el comercio exterior?
Mientras el proceso avanza, la Fiscalía mantiene su línea investigativa y se prepara para presentar el escrito de acusación contra los implicados.
¿Hay fallas en la extinción de dominio de Lili Pink?
Jiménez también denunció presuntas irregularidades en el proceso judicial: "Hoy, a pesar de haber pedido en repetidas oportunidades que nos entreguen copias de la resolución, pues al parecer la tal resolución no existe", señaló el abogado, refiriéndose a documentos clave del procedimiento de extinción de dominio.
Recientemente, la Fiscalía llevó a cabo un operativo de donde ocupó múltiples propiedades vinculadas al caso. La afectación patrimonial recae sobre un total de 46 bienes inmuebles, de los cuales 17 son rurales y 28 urbanos, avaluados en más de $184.000 millones.
Por ahora, la defensa insiste en que la certificación de 2024 evidencia que las empresas operaban dentro del marco legal, mientras la Fiscalía sostiene sus argumentos sobre irregularidades en las importaciones.