Llaman a frenar juicios anticipados en proceso contra Ricardo Roa y a proteger el debido proceso

La Veeduría por la Verdad y la Justicia hizo un llamado público a respetar de manera estricta el debido proceso en el caso que involucra a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y a evitar lo que califican como “juicios anticipados” en escenarios distintos a los estrados judiciales.

La organización recordó que el artículo 29 de la Constitución Política consagra principios fundamentales como el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, los cuales deben regir toda actuación penal, sin excepción. En ese sentido, insistió en que el debate jurídico debe darse en el marco de los procesos judiciales y no en la arena mediática.

Según la Veeduría, existe preocupación por versiones que indican que el fiscal del caso habría sostenido comunicaciones selectivas con algunos medios de comunicación. De confirmarse estas prácticas, podrían configurarse conductas contrarias a los deberes funcionales establecidos en la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, lo que eventualmente podría derivar en actuaciones ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

“El ejercicio de la función_attach́ ) función investigativa no habilita la construcción de escenarios de juzgamiento paralelo ni la anticipación de valoraciones por fuera del expediente judicial”, señaló Diego Pérez, vocero de la organización, profesor y abogado.

La Veeduría también recordó que la Corte Constitucional ha reiterado que la presunción de inocencia no se limita a la etapa probatoria, sino que debe irradiar el manejo de la información pública. En fallos como la C-774 de 2001 y la T-219 de 2015, el alto tribunal ha advertido que la estigmatización mediática y la presentación anticipada de culpabilidad pueden vulnerar derechos fundamentales como la honra, el buen nombre y el derecho a un juicio justo.

Si bien el derecho a informar está protegido por el artículo 20 de la Constitución, la organización subrayó que este no es absoluto y encuentra límites claros cuando se afectan garantías básicas del Estado de derecho.

Finalmente, la Veeduría reiteró un principio central del derecho penal garantista: “a las personas se les juzga por lo que hacen, no por quienes son, ni por el cargo que ocupan, ni por la presión de la opinión pública”. A su juicio, respetar ese límite es una condición indispensable para preservar la legitimidad y credibilidad de la justicia en Colombia.