Llaman a interrogatorio a coordinadora que ordenó las dos primeras libertades de voceros de paz

Anteriormente, la procuradora Margarita Cabello había manifestado que la jueza no tenía competencia para autorizar las libertades.


Noticias RCN

ene 16 de 2023
12:47 p. m.

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Luego de que la Procuraduría General de la Nación denunciara a la jueza que les dio la libertad a los voceros de paz Santiago Márquez y Adriana Bermeo, en el marco del decreto presidencial expedido por el presidente Gustavo Petro, este 16 de enero se conoció que fue llamada a interrogatorio. 

Para la procuradora general, Margarita Cabello, la jueza no tenía competencia para autorizar la libertad de los dos sujetos. 

“Como Procuraduría General de la Nación tenemos a nuestros procuradores judiciales que actúan ante la justicia penal y, frente a la orden de libertad otorgada a los voceros de paz, la semana pasada encontramos que quien entregó esa orden o quien firmó esa orden de libertad fue la coordinadora del Centro de Servicio Judiciales de Paloquemao, persona que, según consideramos, no tiene competencia para ello y por eso estamos haciendo las primeras averiguaciones para determinar si tenía o no competencia para hacerlo”, señaló Cabello. 

En contexto: Funcionaria que firmó la liberación de jóvenes de primera línea no tiene competencia: procuradora

Adicionalmente, la funcionaria aclaró que “el juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá solo tiene competencia para repartir las solicitudes de libertad y cumplir una orden en ese sentido, que le entregue un juez de control de garantías. Solo a falta absoluta de este podría entrar a suplirlo”.

Juez que ordenó libertades será citada a interrogatorio 

Entretanto, durante su visita a la sede de la Fiscalía General de la Nación en San José del Guaviare, el fiscal Francisco Barbosa anunció que la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales, Lilyan Jhohana Bastidas, será llamada a interrogatorio para justificar el por qué de sus decisiones. 

“La próxima semana se llamará a un interrogatorio, derivado de un denuncio penal que hizo la procuradora general de la Nación, a una juez del centro de servicios de Bogotá, para que en el marco de su debido proceso le explique a la Fiscalía las razones jurídicas por medio de las cuales no asignó, cuando recibió una solicitud para una suspensión de órdenes de captura, a un juez de control de garantías”, indicó Barbosa.  

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