Ley de competencias: ¿departamentos asumirán las nuevas responsabilidades del Estado?

La reciente aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) ha abierto un nuevo capítulo en la organización administrativa del país.

Esta reforma, que busca descentralizar recursos y funciones, dependerá en gran medida de la Ley de Competencias, una normativa que transferirá responsabilidades fundamentales del Estado central a los departamentos y municipios.

Infraestructura, salud, educación y servicios públicos son solo algunas de las áreas que entrarán en juego.

No obstante, la gran incógnita es si los recursos asignados serán suficientes para que las entidades territoriales asuman estos nuevos retos sin comprometer la calidad de los servicios que prestan a la población.

El Congreso tiene un año para debatir y aprobar esta ley, cuyo contenido será determinante para el éxito o el fracaso de la reforma.

¿Cuál es la importancia de la Ley de Competencias?

La Ley de Competencias no solo es una formalidad, sino la piedra angular que definirá cómo se distribuirán las responsabilidades entre el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales. David Luna, senador del Partido Cambio Radical, ha sido claro al respecto:

Este proyecto no podrá avanzar si no hay una Ley de Competencias debidamente aprobada. El próximo año, el Congreso tendrá la responsabilidad de tramitarla, para que el presupuesto se distribuya de manera eficiente y justa.

El reto principal radica en establecer con precisión qué funciones corresponderán a la nación y cuáles a los departamentos.

Una de las discusiones más relevantes es la gestión de las vías terciarias, cruciales para la conectividad rural.

Actualmente, hay incertidumbre sobre si estas infraestructuras serán responsabilidad del gobierno central o de las entidades locales, lo que podría generar duplicidad de funciones o, peor aún, abandono de proyectos estratégicos.

¿Cuáles son los riesgos de no aprobar la ley?

La vigencia de la reforma al SGP está directamente condicionada a la existencia de esta ley. Si el Congreso no la aprueba dentro del plazo de un año, todo el proceso podría quedar estancado.

Hernán Darío Cadavid, representante del Partido Centro Democrático, advirtió sobre las implicaciones de no cumplir con este requisito:

Por ejemplo, se ha discutido si los alcaldes y gobernadores deberán contribuir al fortalecimiento de la educación superior. Sin una ley que defina estrictamente los detalles sobre cómo y cuánto se invertirá, los mandatarios locales no podrán actuar.

Este vacío legal podría dejar en el aire responsabilidades esenciales, afectando la prestación de servicios en áreas críticas.

Además, la transferencia de competencias podría exponer a los departamentos a una sobrecarga administrativa.

Sin un marco legal definido, los recursos adicionales podrían no ser suficientes para cubrir las necesidades reales, generando un desequilibrio entre las funciones asignadas y la capacidad de ejecución.

Finalmente, la aprobación de la Ley de Competencias será determinante para el éxito de la reforma al Sistema General de Participaciones, pues sin esta normativa, la transferencia de responsabilidades podría convertirse en una carga insostenible para los departamentos, afectando la prestación de servicios esenciales.