Los 11 congresistas que se posesionaron durante el receso legislativo de Senado y Cámara
El debate se centra en la pertinencia ética de juramentar en medio de un receso, cuando la labor parlamentaria se encuentra suspendida.
Noticias RCN
09:11 p. m.
Durante el receso legislativo, once congresistas se posesionaron en Senado y Cámara para ocupar las curules dejadas por quienes renunciaron a sus partidos políticos.
Aunque no hay sesiones extraordinarias convocadas, los nuevos parlamentarios estarán en funciones hasta el próximo 20 de julio, día en que se instala el nuevo Congreso de la República.
La decisión ha generado debate: pese a que no tendrán que asistir ni participar en debates, recibirán la remuneración correspondiente a su tiempo en el Legislativo. En total, percibirán el pago proporcional a 20 días de trabajo, además de los recursos destinados al funcionamiento de sus Unidades de Trabajo Legislativo (UTL).
Juramentación en Senado y Cámara
En el Senado se posesionaron César Lorduy (Cambio Radical), Arley Gómez (Alianza Verde) y Ubeimar Delgado (Partido Conservador).
En la Cámara de Representantes, el 1 de julio juraron:
- Sol María Liñán Pana (Colombia Justa Libres), en reemplazo de Carlos Felipe Quintero.
Rodrigo Ardila Vargas (Partido Liberal), en reemplazo de Julián Peinado. - Eduardo Andrés Zúñiga (Cambio Radical), en reemplazo de Bayardo Betancourt.
- Reinaldo Velásquez (Partido Liberal), en reemplazo de Carlos Ardila.
El 27 de junio se posesionaron:
- Shirley Nohemí Hernández (Cambio Radical), en reemplazo de Jairo Cristo.
- Jhon Fredy Pimentel (Partido de la U), tras la salida de Julián López.
- Liza Marie Barrientos Gómez (Cambio Radical), en reemplazo de Javier Alexander Sánchez.
- Germán Tiberio Ojeda Pedraza (Alianza Verde), en reemplazo de Wilmer Castellanos.
Debate por costos y ética
Actualmente, cada congresista recibe una asignación mensual de $51.512.447, además de recursos equivalentes a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes para financiar sus UTL.
Aunque los nuevos parlamentarios defienden que su presencia permitirá adelantar gestiones en favor de sus regiones, sectores críticos cuestionan el impacto económico de pagar salarios y beneficios por un periodo en el que no habrá actividad legislativa.
El debate se centra en la pertinencia ética de juramentar en medio de un receso, cuando la labor parlamentaria se encuentra suspendida, y en el costo que representa para las finanzas públicas.