¿Por qué serán investigadas las apps de transporte? Esto dijo la superintendente de Industria y Comercio

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le formuló pliego de cargos a las plataformas de transporte, concretamente Uber, Didi y Cabify.

SIC formuló pliego de cargos a tres plataformas de transporte

La entidad consideró que las plataformas habrían promovido la prestación ilegal de servicios de transporte. En ese orden de ideas, están bajo estudio las presuntas infracciones al régimen de libre y leal competencia en el país.

El propósito de las actuaciones es determinar si las investigadas habrían infringido el régimen de protección de la competencia y de competencia desleal administrativa al haber promovido la prestación de servicios de transporte en incumplimiento de la regulación del sector y en condiciones que habrían generado ventajas competitivas en beneficio de los prestadores que están vinculados a las plataformas.

Entonces, el trámite que está llevando a cabo la Superintendencia de Industria y Comercio no está enfocado en confirmar si las apps prestan un servicio o no, sino investigar si aparentemente hubo ventajas competitivas por parte de las plataformas contra los servidores de transporte público.

Noticias RCN habló sobre este asunto con la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque.

“No nos corresponde determinar la legalidad o ilegalidad de esta actividad económica”: superintendente de Industria y Comercio

En primer lugar, Rusinque indicó que el propósito de la investigación radica en determinar si efectivamente las plataformas violaron las políticas de la leal y libre competencia en el mercado: “Si en el curso de las actividades, se crearon condiciones que permitieron favorecer a algunos agentes del mercado en condiciones de desequilibrio”.

El año pasado, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de las apps y aseguró que no eran competencia desleal. En ese orden de ideas, concluyó que el uso de la tecnología no puede calificarse como un medio desleal para desviar clientes.

Sobre esto, Rusinque explicó que la decisión de la Corte fue tumbar una decisión de la Superintendencia por una cuestión de prescripción de términos. No obstante, aseguró que la situación no se solucionó de fondo.

A nosotros como superintendencia no nos corresponde determinar la legalidad o ilegalidad de esta actividad económica que existe y es una realidad en el país. A nosotros lo que sí nos corresponde es vigilar que en el curso de dicha actividad, no se viole el régimen de la leal y libre competencia.