Luis Alberto Monsalvo Gnecco fue condenado a 21 años de cárcel por corrupción en el PAE
La Corte Suprema de Justicia señaló a Monsalvo Gnecco, entre otros punibles, como coautor responsable de peculado por apropiación agravado en favor de terceros.
Noticias RCN
09:00 a. m.
Este 21 de marzo la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por su presunta responsabilidad en irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
El alto tribunal determinó una condena para el exmandatario de 21 años y 8 meses de prisión tras ser hallado del punible de peculado por apropiación agravado en favor de terceros en concurso heterogéneo con el delito de contrato sin cumplimiento de requisito legales.
Lo anterior en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la firma de un convenio realizado en 2015, relacionado con el Plan de Alimentación Escolar.
¿Por qué condenaron a 21 años de prisión a Luis Alberto Monsalvo Gnecco?
En el documento se lee: “Condenar a Luis Alberto Monsalvo Gnecco de condiciones civiles y personales conocidas en el proceso, como coautor responsable del punible de peculado por apropiación agravado en favor de terceros en concurso heterogéneo con el delito de contrato sin cumplimiento de requisito legales”.
Además, Monsalvo Gnecco fue inhabilitado para ejercer funciones en cargos públicos por un tiempo similar al de la condena, y deberá pagar una multa de $1.537.021.828, más 71.26 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes para la época de los hechos.
En el marco de esta decisión le fue negada también el beneficio de casa por cárcel.
Vea también: Fiscalía acusó a exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco por presuntas irregularidades en PAE
Luis Alberto Monsalvo Gnecco y la investigación en su contra
En su momento, la Fiscalía acusó al exgobernador por las irregularidades en el marco del PAE, argumentando tener el suficiente material probatorio para corroborar los señalamientos en contra de Luis Alberto Monsalvo Gnecco:
"Los elementos de prueba dan cuenta de que, mientras ejerció como mandatario departamental en el periodo 2012 – 2015, habría orientado un proceso contractual para beneficiar a un consorcio específico y omitido el deber de supervisar todas las fases de contratación como lo exige la ley. En su lugar delegó a otro funcionario", informó la Fiscalía.