Madres cabeza de familia ahora podrán reemplazar la cárcel por servicio comunitario: esto dice la ley
La Corte aclaró cómo debe interpretarse la Ley de Utilidad Pública para estas mujeres.
Noticias RCN
09:07 a. m.
La Corte Constitucional emitió una decisión que podría impactar la situación de numerosas mujeres privadas de la libertad en Colombia.
A través de la Sentencia T-147 de 2026, el alto tribunal respaldó la interpretación que la Defensoría del Pueblo venía promoviendo sobre la aplicación de la Ley 2292 de 2023, conocida como Ley de Utilidad Pública.
El fallo protege los derechos de una mujer madre cabeza de hogar que, pese a cumplir los requisitos establecidos en la norma, había encontrado barreras judiciales para acceder a la sustitución de su condena por actividades de servicio comunitario.
La decisión ha sido calificada como un precedente importante porque define criterios para que los jueces analicen este tipo de casos con enfoque de género y teniendo en cuenta las condiciones reales de vulnerabilidad de las mujeres procesadas.
Madres cabeza de familia ahora podrán reemplazar la cárcel por servicio comunitario
La Corte concluyó que la condición de marginalidad exigida por la ley no debe interpretarse como la ausencia absoluta de oportunidades o recursos económicos.
Por el contrario, indicó que los jueces deben evaluar factores como la pobreza, la precariedad laboral, la falta de redes de apoyo y las responsabilidades de cuidado que asumen muchas mujeres cabeza de hogar.
Asimismo, precisó que para reconocer a una mujer como cabeza de familia debe demostrarse que era quien asumía principalmente el sostenimiento económico y el cuidado de su núcleo familiar.
¿Por qué esta decisión es considerada histórica?
La Ley 2292 de 2023 fue creada para ofrecer alternativas a la prisión a mujeres cabeza de hogar condenadas por delitos menores cometidos en contextos de vulnerabilidad social y económica. Sin embargo, su aplicación había generado interpretaciones distintas en algunos despachos judiciales.
Con esta sentencia, la Corte fija una guía para que las autoridades judiciales tengan en cuenta las circunstancias económicas, sociales y familiares que rodean a las mujeres procesadas antes de decidir si pueden acceder a este beneficio.