Denuncian amenazas contra funcionarios tras proferir condena contra exgobernador ‘Kiko’ Gómez

Es motivo de preocupación la denuncia expuesta por el magistrado José Joaquín Urbano, de la Corte Suprema de Justicia, en una carta dirigida al presidente de la Sala de Casación Penal, Carlos Roberto Solórzano, por amenazas desde que profirió una condena de 31 años y ocho meses en contra del exgobernador homicida Juan Francisco Gómez, mejor conocido como el ‘Kiko’ Gómez.

En la misiva advierte que, desde el 29 de abril, ha estado circulando “una información según la cual un poderoso asesino guajiro —hoy preso y con varias condenas en última instancia— les pidió a los miembros de su familia renunciar a los cargos públicos que ocupan y radicarse en Italia, donde tiene nacionalidad. Les explicó que él ya ordenó los prontos asesinatos de tres personas y no quiere que sus parientes más cercanos estén al alcance de la justicia colombiana cuando ello ocurra”.

Oficina del procurador delegado que pidió la condena contra el ‘Kiko’ Gómez ha sido blanco de ataques:

Poco antes de conocerse la carta del magistrado Urbano, fue noticia el ataque registrado contra la oficina del procurador delegado para la Corte en la Sala de Casación Penal, Pedro Luis Bonilla, que pidió la condena contra el ‘Kiko’ Gómez, por el delito de homicidio agravado. En la carta se detalla que:

“El día de ayer, martes 1 de septiembre, el procurador primero delegado para casación penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, quien en su intervención ante la corte le solicitó que casara la sentencia y condenara al acusado, me comentó que la semana pasada, en su oficina, ubicada en el piso 26 de la sede de la Procuraduría General de la Nación, apareció una bala disparada, lo que le generó gran preocupación. Además, me informó que esta semana, al llegar a su oficina, encontró dos ventanas rotas y evidencia de dos disparos de fusil”.

La Fiscalía investiga la presunta relación entre los episodios registrados en la Procuraduría y el exgobernador de La Guajira, condenado a 55 años de prisión, como determinador de tres homicidios en Barrancas, y a otros 31 años y ocho meses, por su responsabilidad en el asesinato de un exconcejal de este municipio, en 1997.

Presidente de la Corte Suprema pidió garantizar la seguridad de los magistrados:

La denuncia llegó a manos del presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra Castro, quien pidió garantizar el bienestar de magistrados y otros funcionarios que participaron del caso contra el ‘Kiko’ Gómez.

Se conoció que “inmediatamente tuvo una comunicación con la encargada de seguridad de la corte y la dirección de protección de la Policía Nacional y solicitó que se tomen de inmediato las correspondientes medidas de protección para garantizar la seguridad de los magistrados. Desde ese momento ha estado al tanto de las decisiones que se han empezado a adoptar para la adecuada protección de los integrantes de la corte”.

Ya hay una respuesta de parte del ‘Kiko’ Gómez:

Juan Felipe Criollo, apoderado de la esposa e hija del ‘Kiko’ Gómez, mencionó en un comunicado de prensa que la familia rechaza y repudia los hechos denunciados por José Joaquín Urbano y el procurador delegado Pedro Luis Bonilla.

Además, indicó que el exgobernador, recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá, y, posteriormente, trasladado a La Dorada, Caldas, es ajeno a los ataques, antes de negar “de manera categórica cualquier participación, autoría, determinación, vínculo o relación suya con tales hechos, al punto de que ni siquiera tuvo conocimiento de su ocurrencia”.