Más de 500 quejas, una alcaldesa suspendida y un ministro investigado: balance electoral de Procuraduría

Minutos después del cierre de las urnas en todo el país, el procurador general, Gregorio Eljach, entregó un balance parcial, no consolidado, de las irregularidades y quejas que se presentaron en el territorio nacional en el desarrollo de la primera vuelta presidencial.

De acuerdo con Eljach, se registraron más de 500 quejas. Entre los hechos más destacados están la apertura de una investigación disciplinaria contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino y la suspensión temporal de la alcaldesa de Paujil, Caquetá.

Todavía no tenemos un consolidado, llegaron 556 quejas desde toda Colombia. Se alcanzaron a abrir dos procesos, uno con suspensión provisional de un alcalde y otro una investigación disciplinaria contra un ministro del gabinete, entre otras quejas.

¿Por qué suspendieron a la alcaldesa de Paujil, Caquetá?

Dentro de las más de 500 quejas que recibió la Procuraduría está una que habría sido denunciada por funcionarios de la Gobernación de Caquetá y de la Personería en la que vincularían a la alcaldesa de Paujil, Caquetá, Latia Sindy Castillo Muñoz con una presunta incurrencia en promoción electoral a favor del candidato del Pacto Histórico.

Se trata de la difusión de un video a través de TikTok donde se ve a la alcaldesa llevar prendas con imágenes alusivas al candidato del Pacto Histórico.

En las imágenes se ve a Muñoz con un poncho estampado con imágenes de Iván Cepeda; también otros elementos con la foto del candidato de izquierda.

Frente a esta situación, el procurador decidió suspender provisionalmente del cargo a la alcaldesa.

¿Qué pasó con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino: por qué lo investigan?

De acuerdo con la Procuraduría, la investigación disciplinaria contra el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se da luego de la difusión de un video en redes sociales en el que el funcionario, durante el acto de apertura de la jornada electoral en Valledupar, habría hecho alusiones que se interpretan como respaldo a la campaña presidencial del candidato Iván Cepeda.

La entidad señala que estas manifestaciones podrían constituir una indebida participación en política, prohibida para los servidores públicos.