Policías fueron capturados en Medellín por extorsionar a comerciantes: pedían de 5 a 40 millones semanales

Cuatro policías fueron capturados en medio de un operativo de la Policía antinarcóticos por extorsionar a comerciantes que vendían mercancía de contrabando, en zona conocida como El Hueco, en Medellín.

Se trata de dos subintendentes y dos patrulleros de la Policía de la policía aduanera que cobraban a los vendedores entre cinco a cuarenta millones de pesos semanales para no decomisar su mercancía.

Además, la Interpol alista circular azul en contra de un quinto oficial, que estaría escapando de la justicia en Dubái, Emiratos Árabes Unidos y tendría presuntos nexos con la junta del narcotráfico.

¿Cómo actuaban los policías capturados?

De acuerdo con los investigadores de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) anticorrupción, los implicados extraían las memorias de las cámaras de seguridad de los locales para no dejar rastros.

Y, para evitar levantar sospechas, se presentaban vestidos de civil en los negocios a los que exigían cobros irregulares.

Es materia de investigación si actuaban solos o se encontraban relacionados con el grupo delincuencial La Terraza, que opera de manera similar en la capital antioqueña.

A la cabeza de la estructura se encontraba una patrullera retirada, que se hacía llamar la teniente.

¿Qué les espera a los capturados?

Los policías capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y, en juicio, se enfrentarán al delito de concusión, con penas de hasta 15 años en prisión.

Se trata de una actividad tipificada en el artículo 404 del Código Penal colombiano y, según se lee en el articulado, se da cuando “el servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriñe o induce a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite”.

Los responsables, “incurrirán en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”.