¿Qué pasa en Medellín con el mecanismo de atención y acompañamiento jurídico para las mujeres víctimas de violencia?

El pasado 27 de agosto, la Alcaldía de Medellín suspendió el Mecanismo de Defensa Técnica que brinda representación jurídica a las mujeres víctimas de Violencias Basadas en Género, y que actualmente cubre 580 procesos, 75 de ellos con audiencias programadas.

Colectiva Justicia Mujer, la corporación que prestaba el servicio en la capital antioqueña, alertó en marzo que no continuaría con el contrato por falta de garantías, y hoy hace un llamado para verificar la idoneidad del Tecnológico de Antioquia, que es la entidad que asumirá el nuevo convenio a través de su módulo fucsia.

De acuerdo con CCJM, el Tecnológico “no cuenta con la experiencia ni la capacidad técnica” para atender los casos por Violencias Basadas en Género, lo que afectaría la continuidad de los procesos y el porcentaje de satisfacción para las víctimas.

“Nos preocupa la falta de idoneidad y la flagrante inexperiencia del Tecnológico de Antioquia, ya que esto se traduce en una exposición a mayor violencia institucional, el deterioro de la calidad de atención, que no se generen los resultados de fondo que demandan las mujeres y que el Estado debe brindar”, indicó Nathalia Álvarez Cadavid, subdirectora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer.

¿Por qué se suspendió el servicio jurídico para víctima de VBG en Medellín?

Según denunció la Corporación Colectiva Justicia Mujer, aunque la Alcaldía contaba con la adición al presupuesto aprobada por el Concejo de Medellín para la cobertura de los mecanismos de atención, la Secretaría de las Mujeres aludió una supuesta disminución de recursos para suspender el servicio el pasado 27 de agosto.

Datos de la misma organización señalan que, debido a la decisión, 490 mujeres quedaron sin representación en 580 procesos penales de protección y disciplinarios, por violencias basadas en género.

Este mecanismo, que hoy permanece frenado, busca garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia y de las familias que sobreviven a casos de feminicidio, mediante la asistencia técnico legal y la representación jurídica durante los procesos.

Cadavid también aseguró que a pesar de presentar y sustentar ante la administración de la ciudad el modelo de atención humanizada que se venía implementando en esta área, “se aplicaron medidas regresivas” que ponen en riesgo a las mujeres víctimas, a sus familias y a los equipos que trabajan en torno a su protección.

Entre otras cosas, la Corporación denunció el recorte de más del 71% de los recursos destinados al plan de profesionalización de los equipos que trabajan en la mitigación de riesgos psicosociales, promueven la salud mental y la seguridad de quienes atienden a las víctimas. Dichos argumentos fueron presentados por la CCJM para dar por terminado el contrato con la Secretaría de las Mujeres.

Otras de las razones expuestas por la entidad tienen que ver con la supuesta desmejora en los canales de atención a las víctimas, y la “criminalización” al movimiento social de mujeres durante las marchas del pasado 8 de marzo.

¿Qué dice la Secretaría de las Mujeres?

Noticias RCN contacto a Valeria Molina, secretaria de la Mujer de Medellín, para hablar sobre este tema. Al respecto, la funcionaria aseguró que

durante el proceso de transición se ha ofrecido diferentes opciones y el acompañamiento para que las mujeres no se queden sin el servicio, a través del Mecanismo de Atención Psicológica y Jurídica en Territorio, "así como la posibilidad de apoyarlas por medio de la Defensoría del Pueblo".
Jurídica en Territorio, así como la posibilidad de apoyarlas por medio de la Defensoría del Pueblo.

Dichas medidas se estarían implementando mientras se finaliza el proceso de contratación con el Tecnológico de Antioquia, el cual se lleva a cabo mediante la suscripción de un convenio de asociación bajo la modalidad de la ley 092 del 2017.

De acuerdo con la secretaria, el proceso se dio tras concluir que no había pluralidad de oferentes capacitados técnica, jurídica y financieramente para llevar a cabo las labores.

Por lo anterior y conociendo previamente la labor del TdeA y su apuesta por transversalizar el enfoque de género en sus procesos, se les invitó a presentar una propuesta, frente a la cual demostraron su interés.

Sobre el contrato que existía con CCJM, Molina agregó que al darse el cambio de Administración se evidenció un "aumento significativo" en los recursos asignados para el mecanismo, los cuales pasaron de $560 millones en 2021 a $1.896 millones en 2023; es decir, 234% más.

Según la secretaria, se revisaron detalladamente los gastos y se acordaron cambios en la disposición presupuestal. Estos recortes estuvieron relacionados con la eliminación de rubros para alimentación durante encuentros y reuniones, supresión de jornadas de reinducción y otros insumos.

"Es fundamental señalar que esta reducción no compromete ni la calidad ni la cobertura de los servicios ofrecidos. Se mantuvo la cantidad de profesionales, y en ningún momento se pone en riesgo la vida e integridad de las personas que ofrecen los servicios", puntualizó la secretaria.

¿En qué consiste el servicio técnico legal para mujeres víctimas de VBG?

Este servicio dirigido a las mujeres víctimas de violencias basadas en género fue suspendido durante la primera alcaldía de Federico Gutiérrez, nuevamente alcalde de Medellín. Sin embargo, se reactivó en el 2021 y desde entonces la CCJM venía prestando los servicios de forma ininterrumpida.

En total, más de 1.700 mujeres se vieron beneficiadas con el programa, enfocado en dar respuesta a las necesidades de las mujeres, sobre todo en instituciones de educación superior, en donde se evidenció una amplia brecha de acceso a la justicia.