Ministerio de Justicia defendió decreto que permite nombrar a jóvenes de la 'Primera Línea' voceros de paz

El gobierno rechazó los señalamientos sobre la supuesta violación de la separación de poderes y sostiene que no tiene la facultad de levantar órdenes de captura.


Noticias RCN

sept 28 de 2024
07:16 p. m.

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El Ministerio de Justicia ha salido en defensa del controvertido decreto que habilita el nombramiento de jóvenes de la denominada ‘Primera Línea’ como voceros de paz.

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Este decreto ha sido el centro de una demanda ciudadana presentada ante el Consejo de Estado, en la que se acusa al gobierno de extralimitarse en sus funciones al supuestamente interferir con órdenes judiciales de captura emitidas contra los involucrados en delitos asociados a protestas sociales.

Los demandantes argumentan que dicha medida atenta contra la separación de poderes y compromete la independencia judicial. Ante esto, el Ministerio ha respondido con un documento oficial de cuatro páginas en el que expone su postura y refuta las acusaciones.

Minjusticia defendió decreto para jóvenes de ‘Primera Línea’

El documento en cuestión fue enviado por el Ministerio de Justicia y del Derecho al Consejo de Estado en respuesta a la demanda que cuestiona el decreto que autoriza al gobierno a nombrar voceros de paz entre los jóvenes de la ‘Primera Línea’, quienes estuvieron implicados en las manifestaciones que se dieron durante el Paro Nacional.

El reclamo presentado por los ciudadanos sostiene que el gobierno se estaría extralimitando en sus funciones al intervenir en decisiones judiciales, específicamente en lo referente a la suspensión de órdenes de captura contra estos jóvenes, muchos de los cuales están siendo investigados o procesados por la justicia.

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El Ministerio de Justicia, encabezado por Ángela María Buitrago, ha defendido con firmeza la constitucionalidad del decreto, asegurando que los argumentos expuestos en la demanda carecen de fundamento y se basan en una interpretación incorrecta de la normativa.

En el documento enviado al Consejo de Estado, señalan que el decreto no le otorga al Ejecutivo la facultad de levantar órdenes de captura.

En cambio, lo que hace es permitir que el gobierno recomiende personas que puedan actuar como voceros de paz en el marco de procesos de diálogo y reconciliación, aclarando que dichas recomendaciones no interfieren con las decisiones de los jueces ni con la independencia del Poder Judicial.

En uno de los apartados clave del documento, el Ministerio subrayó:

Se le atribuyen un contenido que no corresponde, ni literal ni objetivamente, a su redacción original.

De acuerdo con la interpretación gubernamental, el decreto no vulnera la separación de poderes, puesto que la facultad de levantar órdenes de captura sigue siendo exclusiva de la justicia.

En este sentido, solo puede designar a personas para cumplir el rol de voceros, y estos nombramientos no implican la exoneración de responsabilidades penales ni el cierre de procesos judiciales en curso.

La ministra de Justicia se refirió al nombramiento de los voceros de paz

En sus declaraciones, Buitrago manifestó su respeto por las altas cortes del país, destacando que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han jugado un papel crucial en los temas relacionados con la paz.

Tanto la Corte Suprema de Justicia el Consejo de Estado la corte constitucional tienen una función y esa función no está alejada.

Sin embargo, la controversia no solo se limita al decreto, pues en días recientes, se dio la liberación de Óscar Camargo, alias Pichi.

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Este hombre, un conocido narcotraficante de la región de Santander, fue liberado tras ser designado como gestor de paz, lo que ha generado una ola de indignación, particularmente por su historial delictivo, que incluye múltiples homicidios relacionados con el narcotráfico en Bucaramanga.

La decisión de incluir a 'Pichi' en los procesos de paz ha sido vista por algunos sectores como una muestra de la falta de rigurosidad del gobierno en la selección de los voceros de paz y como un posible precedente peligroso para futuros nombramientos.

La ministra Buitrago fue consultada al respecto, y aunque evitó comentar directamente sobre el caso, destacó la importancia de comprender los contextos detrás de cada conflicto.

Si yo no conozco cuál es el conflicto no lo voy a saber resolver.

Aun así, a pesar de las críticas, el Ministerio de Justicia ha continuado defendiendo la necesidad de incorporar a diferentes actores en los procesos de paz, argumentando que la inclusión es fundamental para resolver los problemas sociales que aquejan al país.

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